"La Procuraduría General del Estado ha presentado una denuncia o querella penal contra el expresidente Carlos Mesa y algunos de sus exministros, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (…), la Sala Penal está analizando esa proposición", dijo el presidente del TSJ, José Antonio Revilla.
Mesa fue acusado de tomar decisiones contrarias a la Constitución y provocar daño económico al Estado por la anulación, en 2004, de las concesiones que permitían a la empresa minera chilena Quiborax explotar ulexita y otros minerales no metálicos en el salar altiplánico de Uyuni.
Al dar por cerrado el caso judicial, aceptando que Bolivia pagará a Quiborax los 48,9 millones de dólares más intereses y multas según dispuso el CIADI, la Procuraduría acusó la semana pasada a Mesa ante la Fiscalía General por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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Revilla dijo que la Fiscalía remitió el 23 de mayo al TSJ la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría.
Si el caso llega a la Asamblea, podría darse por descontado que la abrumadora mayoría oficialista aprobará el procesamiento del expresidente Mesa, quien era vicepresidente del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada y lo sucedió luego de una revuelta popular en 2003.
Mesa denunció el 25 de mayo que la acusación de la Procuraduría formaría parte de una "estrategia de demolición" de su imagen política y responsabilizó de ese supuesto plan al Gobierno que preside Evo Morales.
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El exmandatario, quien ha dicho recientemente que no descarta postularse a la presidencia en 2019, aparece en diversas encuestas como el opositor mejor posicionado para enfrentar a Morales, quien por su parte buscaría su cuarta victoria consecutiva en las elecciones presidenciales.