El Alto Comisionado "omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul); las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe", indica un comunicado conjunto de la cancillería, la secretaría de Gobernación (Interior) y la Procuraduría General de la República.
El informe de los expertos del organismo mundial "se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)", de la Comisión Interamericana de DDHH, de abril de 2016, dice la réplica a pocas horas de emitido el informe.
Esas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades federales mexicanas, por lo tanto "el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso", reprocha el Gobierno mexicano.
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Las autoridades mexicanas actualmente están empantanadas en la investigación sobre el ataque cometido el 26 de septiembre de 2014 contra cinco autobuses repletos de alumnos que viajaban a conmemorar un aniversario de la masacre de estudiantes universitarios en la Plaza de Tlatelolco de la Ciudad de México, perpetrada en 1968.
El ataque a balazos fue ejecutado por policías y narcotraficantes confabulados en patrullas policiales y camiones en Iguala y dejó seis personas muertas, 25 heridas y 43 alumnos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa desaparecidos.
Pese a que las autoridades han detenido a casi un centenar de personas relacionadas con este caso, hasta la fecha nadie ha sido imputado penalmente y sigue sin conocerse el paradero de los cuerpos de los 43 estudiantes.
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Las autoridades federales recuerdan que ya reportaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en Bogotá, del 22 de febrero al 2 de marzo pasados, que la investigación "ha registrado avances importantes recientes", que no se consideran en el informe de la ONU.
El Gobierno de México cuestionó el Informe, "en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene".
El argumento gubernamental es que "todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes".
En los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, "no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales", afirma la repuesta.
La ONU pidió que las indagaciones judiciales producto de tortura sean declaradas nulas.
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El Gobierno se comprometió, finalmente, al "total esclarecimiento de este caso, agotando todas las líneas de investigación que permitan conocer todo lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos, y sancionar a los responsables".
En el documento, titulado "Doble injusticia – Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", expertos de la ONU analizaron los casos de 63 personas, de un total de 129 imputadas, detenidas por agentes de la fiscalía, policías federales y la Marina Armada.
La ONU examinó los expedientes judiciales, las fichas médicas que revelan numerosas lesiones y realizó "entrevistas con autoridades, detenidos y testigos".
"El informe establece un patrón de detenciones arbitrarias y torturas en los casos de 34 personas detenidas (solo una mujer)", presuntos sicarios y policías, dijo a Sputnik el director del jesuita Centro de DDHH 'Miguel Agustín Pro', abogado de las familias de los 43 desaparecidos.
"Para quienes caminamos con los padres, este conjunto de atroces ilegalidades que encontró la ONU, ponen en entredicho la llamada 'Verdad Histórica' de la Procuraduría, que fabricó una mentira histórica, al acudir a la tortura para crear un montaje", dijo Patrón.
El 27 de enero de 2015, el entonces Procurador General, Jesús Murillo, anunció que el caso estaba resuelto con una "verdad histórica".
El procurador dijo que los estudiantes desaparecidos fueron "entregados por policías municipales de Iguala y Cocula a miembros de un grupo criminal, quienes posteriormente los mataron, incineraron sus cuerpos en un basurero y tiraron sus restos al cercano río San Juan".
El informe final del GIEI concluyó que la pericia forense no apoyaba la afirmación de que todos los cuerpos de los estudiantes hubieran sido incinerados en ese lugar.
La investigación federal se inscribe en el marco de un Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, producto de medidas cautelares emitidas por dicha comisión autónoma de la OEA.
