Las clínicas de las cárceles "solo pueden atender enfermedades muy básicas, ya que no cuentan con las medicinas necesarias; hay un médico por cada 1.300 privados de libertad que no está todos los días, y si el recluso necesita hacerse exámenes precisos tiene que acudir a las instancias de salud pública, y eso conlleva el riesgo de sacarlo del ambiente carcelario a un centro hospitalario", señaló Dedik.
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La especialista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala indicó que cada día se producen en el país entre 30 y 40 traslados de presos por razones médicas a hospitales, y en muchos casos no se trata de situaciones de emergencia.
"El problema es complicado cuando el recluso es de alta peligrosidad, como ocurrió con el pandillero que fue liberado, o cuando existe peligro de fuga porque ese espacio (el hospital) no está controlado al cien por ciento", añadió.
Cabrera, de 29 años, cumplía condena por varios asesinatos, entre otros delitos, y fue trasladado a ese centro de salud después de que se constatara que tenía incrustados fragmentos de proyectiles en la piel, según explicó el juez que autorizó su salida, Pablo Xitumul, añadió ese mismo diario.
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La especialista también recordó que en 2015 ocurrió un episodio similar en el Hospital General San Juan de Dios, situado también en la capital del país, cuando un grupo armado lanzó una granada en la entrada del centro para rescatar a un recluso ocasionando varios muertos.
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De hecho, el presidente Jimmy Morales anunció el miércoles que serán instaladas clínicas móviles en los centros de privación de libertad y cárceles del país, medida que en opinión de Didek no es suficiente, ya que "se necesita un cambio más profundo, algo más permanente".
"No se trata solo de instalar una clínica, también es necesario capacitar al personal", sostuvo.
Otra de las medidas que Morales anunció es que se solicitará a los jueces que se verifique científicamente cuándo un recluso debe ser trasladado a un hospital y también pedirá al Congreso la aprobación de un préstamo para construir una cárcel de máxima seguridad, añadió Prensa Libre.
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En Guatemala existen alrededor de 22.600 personas privadas de libertad.
