Un 24,3% de la población privada de la libertad en 2016 "recibió amenazas o presiones para declararse culpable", y como resultado "el 45,7% fue declarado culpable por haber reconocido los hechos" en esas condiciones, indica el documento de 77 páginas.
Asimismo, más de 30% de la población carcelaria no fue informada de los motivos del arresto, y solo 67,6% "fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban".
Sobre el clima de inseguridad dentro de los centros de detención, la encuesta indica que casi la tercera parte (un 31,9%) de la población privada de la libertad en 2016, "se sintió insegura en el centro penitenciario donde se encuentra y 19,1% al interior de su celda".
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Para realizar el sondeo, los encuestadores del organismo estatal visitaron la totalidad de los 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en los 32 estados federales de México, con un universo estadístico de 211.000 personas encarceladas, 5% mujeres, y "la encuesta consideró una muestra total de 64.150 personas privadas de la libertad", de 18 años o más.
Oscura realidad social y demográfica
Durante su estancia en prisión, un 33% "ha sido víctima de una conducta ilegal; la mayor proporción (89.2%), por robo de objetos personales, mientras que 5% fue víctima de algún delito sexual".
El análisis de las características sociales, demográficas y socioeconómicas de los penales, examina los antecedentes jurídico-penales y sus expectativas de salida, sobre una población que representa una tasa de 173 personas en penales por cada 100.000 habitantes en todo el país.
De ese grupo sin sentencia, 69% está recluida por delitos del fuero común, en tanto que 34 por delitos del fuero federal (narcotráfico y tráfico de armas).
De la población sentenciada, 84% fue recluida por delitos del fuero común, de ellos 39% por robo, mientras que solo el 17,7% fue condenada por delitos del fuero federal (trafico de drogas y armas).
De la población carcelaria, la mayoría es joven, con 68% entre 18 y 39 años, y 72% tenía estudios de educación básica.
De esta población, 43% lleva dos años o más recluida, y 25,7% menos entre uno y dos años en prisión.
Los datos más perturbadores se refieren a la "información sobre las relaciones sociales en términos de violencia entre la población privada de la libertad y el personal que labora en los centros penitenciarios".
Los encuestados ofrecieron "información sobre los posibles actos de corrupción durante el arresto y el proceso penal".
Además ofrece información sobre la corrupción asociada "a la provisión y acceso a los diferentes servicios y bienes al interior de los centros penitenciarios", por los cuales los detenidos tiene que pagar sobornos.
Entre los objetivos del sondeo, estaba obtener información acerca de las características del arresto de las personas privadas de la libertad, para "conocer las características del proceso penal por el que pasó la población privada de la libertad".
El INEGI señala que se amparó en la Ley Nacional de Ejecución Penal para realizar la encuesta "retomando las mejores prácticas internacionales".
