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    Hostigamiento, amenazas, persecución y registro de su domicilio obligaron a una pareja de jóvenes de Coquimbo, ciudad norteña de Chile, a solicitar asilo en Canadá. Jonathan Montano fue detenido ilegalmente y sometido a apremios ilegítimos, junto con recibir un disparo de arma de fuego a corta distancia por parte de la Policía.

    Pasado el mediodía del 20 de octubre de 2019, dos días después de iniciado el histórico estallido social en Chile y según consta en la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Jonathan Montano se desplazaba junto a Francisca Alfaro, su pareja, por una calle del centro de la ciudad de Coquimbo. Frente a un supermercado "se encontró con una manifestación pública que se desarrollaba en esos momentos, cuando comenzó a filmar con su equipo celular".

    En ese contexto, fue divisado por un piquete de funcionarios de Carabineros, Policía militarizada, a cargo del capitán Ricardo Luengo, quienes sin mediar provocación y sin que Jonathan fuera parte de las protestas, lo redujeron en forma violenta, "mediante golpes de puño y pies".

    En el mismo lugar, y momentos antes de ser ingresado al carro policial, el oficial Luengo, efectuó un disparo contra el joven a poca distancia "con arma de fuego, sin que pueda identificar su naturaleza, perforándole en todo caso el costado derecho de la baja espalda".

    Francisca Alfaro, su pareja, relata a Sputnik que, tras esa violenta experiencia y la posterior constatación de lesiones, "vinieron las amenazas, los allanamientos al departamento, y los seguimientos donde no podíamos ir a ningún lugar en que nos seguía un carro policial. Ya de eso, Carabineros fue al edificio, querían ingresar. O sea, estábamos con un miedo inmenso, no dormíamos. Entonces, eso fue lo que nos llevó a decidir que él tenía que viajar".

    "Yo tuve que arrancar primero y empezar a hacer una vida aquí (en Canadá) para intentar que ella se viniera y tuvimos que hacerlo de urgencia porque a ella la seguían molestando, la seguían hostigando", manifiesta a Sputnik Jonathan Montano, víctima y hoy autoexiliado en Canadá.

    El destierro autoimpuesto de esta pareja de jóvenes los ha convertido en las primeras víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en buscar asilo por la actuación de miembros de las fuerzas de orden y seguridad chilenas.

    Sin embargo, ambos son parte de una larga de lista de personas que, en los días y semanas posteriores al 18 de octubre, fueron reprimidas, golpeadas o agredidas por el solo hecho de registrar manifestaciones o el actuar violento de los policías.

    Según reporta el portal Documeta LaBot, de un total de 1.288 querellas presentadas por el INDH, 85 casos se relacionan con abusos o represalias a personas que se encontraban realizando algún registro fotográfico y audiovisual en el contexto del estallido social.

    El día que cambió sus vidas

    Jonathan Montano cuando pasa a control de detención
    © Foto : Gentileza Diario Uchile-Radio Universidad de Chile
    Jonathan Montano cuando pasa a control de detención

    Como cada domingo Jonathan y Francisca salieron a comprar mercadería a la feria, y luego pan y otros víveres. Como había varios lugares cerrados por las protestas populares que se sucedieron los días posteriores al 18 de octubre, y tras ser declarado el estado de excepción, debieron buscar una panadería que un vecino les señaló que estaba abierta. Fue en el trayecto que se encontraron con un contingente de policías.

    "Nosotros teníamos que pasar ahí para comprar el pan. Cosa que Francisca, antes de que pasáramos, se pone a grabar mientras yo voy caminando, y yo igual cuando me voy acercando me pongo a grabar con mi celular", recuerda Jonathan.

    Quien añade que mientras se aproxima al piquete de Carabineros y mientras graba, se le acerca el capitán Ricardo Luengo, " yo obviamente continuaba grabando, cosa que yo creo que le molestó, porque me lanza un golpe con la escopeta, y enseguida me toma mi mano con el celular y me reduce, me tira al piso".

    La violenta detención, a la que se agregaron otros funcionarios de la policía uniformada, fue registrada por distintos testigos junto con lo grabado por Francisca Alfaro. Allí se puede observar lo desmedido del actuar policial.

    Una maniobra a la que se suma que, ya estando reducido, esposado y boca abajo, el capitán Luengo se le acerca con una escopeta antidisturbios y, a pocos metros de distancia, le dispara un cartucho de perdigones, que lo perfora bajo las costillas.

    "En eso que siento el disparo ya me levanto, me pongo de pie e intento, a pesar de que dos carabineros me estaban agarrando el brazo, intento arrancar, porque ya sentía que me iban a matar", relata Jonathan.

    En los videos, además de la detención, se ve como Francisca es agredida mientras está agachada defendiendo a su pareja, y como, posterior al disparo, otro carabinero le quita el teléfono y lo intenta destruir.

    Negación de auxilio

    Jonathan no puede olvidar el temor que se le produjo en ese instante, ni tampoco cuando, tras la descarga de perdigones que recibe, lo siguieron golpeando, "el mismo capitán Luengo me pega con la misma escopeta en la herida, y ahí ya me suben al auto de la Policía".

    El joven analista programador, y que en ese tiempo se desempeñaba como empleado de un colegio municipal de la ciudad, relata que él siempre manejaba dos teléfonos celulares. El primero se lo rompió Carabineros al momento de detenerlo. El segundo lo llevaba en el bolsillo y no fue encontrado por la policía al momento de llevarlo a la comisaría.

    "Me ingresaron al calabozo sin revisarme, sin nada y yo me puse a grabar en el calabozo con el otro celular. La cosa que mientras estaba grabando me puse el celular en el bolsillo y me desmayé".

    Como constata el INDH, pasaron cerca de 40 minutos desde que Jonathan perdió la conciencia para que un funcionario policial de turno en la comisaría advirtiera su estado. tiempo en que nunca dejó de sangrar profusamente por su herida.

    "Llega un carabinero y se sorprende al verme en el piso desmayado con sangre y empiezan a sacarme los perdigones, de hecho, lo empezó a sacar con sus manos, con su corbata, fue muy doloroso, fue horrible esa parte, fue prácticamente una tortura, no tendría que haber estado sacándome él los perdigones, tendrían que haberme llevado a un hospital enseguida", denuncia el joven.

    Todo este procedimiento quedó registrado en el segundo teléfono. 47 minutos y medio de grabación, donde se escucha los quejidos de Jonathan, las voces de Carabineros señalando la condición del detenido, por lo que solicitan una ambulancia.

    Una vez que Jonathan Montano llega al hospital, varias horas después de estar detenido, sigue siendo amenazado por el capitán Luengo, quien es acompañado por tres subalternos que participaron en la brutal detención.

    Lo cierto es que a la mañana del día siguiente el joven pasó a control de detención, y tuvo que comparecer ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, instancia que determinó, a partir de los hechos relatados, que la detención había sido ilegal y lo dejó libre.

    Las amenazas continuaron

    El agresivo proceder del capitán Ricardo Luengo contra Jonathan no será el único en las jornadas posteriores al estallido social. Su actuar contra manifestantes y reporteros le significó varias querellas por conductas que configuran el delito de apremios ilegítimos, además de una acusación por detención ilegal y falsificación de instrumento público, por el caso de Jonathan. Querellas que fueron acogidas y que mantienen al capital Ricardo Luengo en prisión preventiva desde el 14 de enero del 2020, en espera de su juicio oral.

    Sin embargo, durante los meses previos y los que siguieron a su detención las amenazas del capitán y su gente no se detuvieron contra la pareja de jóvenes coquimbanos. Ambos relatan que la persecución fue cada vez más constante.

    "Nos seguían cuando salíamos, siempre había una patrulla de Carabineros detrás de nosotros. Teníamos que desviarnos por callejones porque nos seguían, entonces nos metíamos donde había mucha gente para que no nos hicieran nada. No, si fueron días horribles. Se ponían afuera de nuestro departamento, tuvimos que sellar la puerta con el sofá", detalla Jonathan.

    Los jóvenes relatan que cada vez salían menos de su hogar, porque cuando lo hacían su departamento había sido registrado. Además, cuentan que, desde metros de distancia y con punteros láser, desconocidos iluminaban su habitación.

    Un exilio obligado y una nueva vida

    Esta situación de acoso y de permanente temor se hizo insostenible, razón por la que el joven programador decidió partir a Canadá, país donde Jonathan tenía familiares.

    "Yo tuve que pedir un crédito para poder viajar, así que no nos alcanzaba para poder viajar los dos, ya que nos gastamos todo el dinero en todos mis tratamientos y lo que tuvimos que hacer. Así que viajé yo primero, y esto siguió. Bueno, yo viajé el 16 de diciembre, y el hostigamiento siguió con Francisca hasta febrero que se pudo venir", cuenta Jonathan.

    Hoy Jonathan y Francisca viven en Canadá, prefieren mantener en reserva el lugar que hoy lo acoge, y detalles de las actividades y trámites que realizan. Ambos, sin embargo, ya presentaron una petición de asilo, que producto de la pandemia, ha dilatado el comienzo de su resolución judicial.

    "Estamos a la espera de un juicio que se tiene que realizar para (...) que ellos revisen si estamos aptos para que nos protejan, pero sí aceptaron la solicitud de asilo", detalla Francisca.

    "En cuanto a la acogida que han tenido en Canadá, ha sido la acogida que se le da a cualquiera persona demandante de asilo. Esto quiere decir que hay todo un proceso que es muy largo", señala Sputnik César Carrasco, chileno exiliado en la década de los 70, quien fue prisionero político de la dictadura de Augusto Pinochet y quien trabaja con la comunidad de migrantes en Canadá.

    Carrasco aclara que pueden pasar entre tres y cinco años para ser aceptados en la calidad de refugiados, "con lo cual pueden tener derecho a todo lo que tiene cualquier ciudadano. El proceso de ellos ha sido un proceso lento, desgraciadamente, a raíz de la situación del coronavirus".

    Mientras tanto, la pareja recibe apoyo de parte del Gobierno de Canadá y dos ONG, la que consiste en ayuda económica para alimentación, además de atenciones médicas y psicológicas para reparar los daños sufridos producto de lo que vivieron en Chile.

    Ayuda que nunca recibieron por parte del Estado chileno. "Es un abandono total que tienen hacia los derechos humanos. El trato que tiene la Policía hacia las personas es inhumano. No sé, no pensamos jamás vivir algo así, para nosotros eran historias que se contaron, historias muy dolorosas, y repetirlo, y que el Estado sea, no sé, una especie de oídos sordos a lo que clama la gente. No sé, me pongo un poquito nerviosa cuando hablamos todo esto nuevamente", concluye Francisca.
    Etiquetas:
    disparos, manifestaciones de protesta, violación a los derechos humanos, violencia policial, Carabineros de Chile, Chile
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