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    LA PAZ (Sputnik) — El caso más sonado de corrupción del Gobierno transitorio de Bolivia, revelado tras una compra de 170 respiradores hospitalarios, no fue obra solo de funcionarios, sino principalmente del exiliado expresidente Evo Morales (2006-2019), denunció sorpresivamente la autoridad anticorrupción.

    "Aquí estamos ante un posible complot para hacer quedar mal al Gobierno y segundo, hacerse de los recursos económicos producto del sobreprecio", dijo el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, al anunciar una demanda contra Morales y 16 de sus colaboradores, incluidos dos exministros.

    El anuncio siguió a una declaración del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien sugirió que el caso que estalló en mayo y por el que están procesados un exministro de Salud y otras cinco personas "no debería ser llamado corrupción sino conspiración".

    Melgar dijo que su oficina pidió el lunes a la fiscalía que incluya a Morales y sus colaboradores en la lista de acusados en la fallida compra de respiradores —caros e inservibles según diversas denuncias que la presidenta Jeanine Áñez distribuyó por todo el país en actos con tintes de campaña proselitista.

    Una denuncia tras otra

    El exgobernante, quien está fuera del país desde que fue derrocado en noviembre de 2019, enfrentaba ya varios procesos judiciales alentados por el Gobierno transitorio, por una diversidad de supuestos delitos que van desde sedición y terrorismo hasta violaciones de derechos humanos e irregularidades económicas.

    Morales había sido solo un observador en el caso de los respiradores, hasta que la semana pasada el Gobierno lo mencionó como posible implicado al revelar que uno de los procesados conversó varias veces por teléfono con él y sus colaboradores durante el operación de compra de los equipos.

    "La denuncia se amplió por los posibles delitos de autoría mediata (…), son autores los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otras personas", justificó el viceministro Melgar.

    Enumeró, entre los delitos que habría cometido Morales en el caso, "enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado (…), con el sobreprecio de los respiradores" y "organización criminal".

    Asociaciones médicas, empresas y universidades locales denunciaron que esos equipos españoles no eran adecuados para los servicios de terapia intensiva en la lucha contra la pandemia de COVID-19 y que el Gobierno de Áñez había pagado 28.000 dólares por cada uno, hasta cuatro veces el precio original de fábrica.

    Varios consorcios locales dijeron además que el Gobierno había descartado productos de supuesta mejor calidad hechos en Bolivia y a precios unitarios de no más de 2.000 dólares.

    Además de Morales, la nueva demanda del Gobierno transitorio incluye al exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien está preso desde principios de año; a la extitular de Salud, Gabriela Montaño, quien está también exiliada en Argentina; al actual líder cocalero Andrónico Rodríguez, y a otras 13 personas.

    Marcelo Navajas, quien ejercía como Ministro de Salud cuando se hizo la compra, es el principal acusado hasta ahora, pero otro funcionario señalado por los medios, el embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, fue excluido del proceso.

    Etiquetas:
    Jeanine Áñez, instrumental médico, Bolivia, corrupción, Evo Morales
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