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    En el proceso judicial que las comunidades Ch´ol de tres municipios de Chiapas entablaron contra el Gobierno federal mexicano, se otorgó la suspensión definitiva de obras del Tren Maya —que no sean las requeridas para el mantenimiento de la red vial — en el tramo entre Escárcega y Palenque, hasta que se resuelva el conflicto de fondo.

    La suspensión definitiva de nuevas obras en el tramo Escárcega—Palenque, conocido como el tramo 1 del Tren Maya, fue mandatado por el fallo emitido este 22 de junio de 2020 por el Juzgado segundo de amparo y juicios penales del estado de Chiapas, al reconocer que los integrantes de las comunidades Ch´ol puedan sufrir un daño en su derecho a la salud, de continuarse la construcción del proyecto turístico mientras se mantiene activa en México la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus.

    La magistrada a cargo del fallo señaló que la existencia y la dinámica de propagación del virus COVI-19 está estrechamente relacionada con la interacción social, algo que fue reconocido por la Secretaría de Salud Federal en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-Cov2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, mismo que plantea al distanciamiento social de al menos metro y medio entre las personas, como medida de mitigación de la enfermedad.

    Según documentos a los que accedió Sputnik, la magistrada a cargo del fallo señaló en su argumentación que de continuar el trabajo de construcción del Tren Maya, tras el banderazo de inicio dado por el residente Andrés Manuel López Obrador el 1 de junio de 2020, los quejosos "auto reconocidos indígenas, habitantes de la comunidad dónde tendrá impacto el proyecto en específico en el municipio de Palenque, pudieran resentir una afectación a su esfera jurídica, concretamente a su derecho a la salud".

    Desde el Equipo Indignación que lleva la representación jurídica de las comunidades afectadas señalaron a Sputnik que la suspensión definitiva otorgada en este fallo extiende sus efectos a cualquier actividad relativa a la implementación del proyecto, salvo a las tareas de mantenimiento de vías, hasta que se resuelva el juicio de amparo interpuesto por las comunidades Ch´ol, el 7 de mayo de 2020.

    En esa demanda de amparo, las comunidades argumentaron que con el proyecto turístico en cuestión, el Gobierno federal mexicano —impugnando la acción del presidente Andrés Manuel López Obrador; el Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela y el Director General del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) Rogelio Jiménez Pons— violaron su derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a sus derechos como comunidades indígenas. En lo que tarda la Justicia en resolver si esta violación ocurrió efectivamente, la magistrada a cargo del tema emitió una suspensión definitiva de las obras del primer tramo del Tren turístico.

    Aunque el mismo juzgado había emitido una suspensión provisoria el 7 de mayo —previa a la emisión de esta con carácter definitivo— como medida precautoria ante la queja presentada por las comunidades originarias, ésta había sido contestada por las autoridades Federales y revertida en un controversial fallo que puso en entredicho la independencia del Poder Judicial de la entidad.

    En ese caso, los magistrados del Tribunal Colegiado en materia administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez —ciudad capital del estado de Chiapas— habían argumentado que el riesgo de contagio de COVID-19 de las comunidades por el avance de construcción del Tren constituía "un acto futuro de realización incierta": es decir, el Colegiado había revocado la suspensión provisional de obras del Tren argumentado que en tanto no se contagiaran de COVID-19 los pobladores indígenas, no procedería la paralización de las actividades del mega-proyecto.

    En un acto de independencia jurídica —señalaron desde Indignación— el Juzgado segundo de amparo refrendó la suspensión definitiva de las obras, en tanto este conflicto esté abierto en el juicio de amparo.

    "En el juicio de amparo que se tramita se ha derivado información que exhibe que el Tren Maya carece de sustento legal, ya que no cuenta con una manifestación de impacto ambiental y que ha habido irregularidades en el proceso licitatorio para las obras, además de la violación a los derechos de los pueblos originarios que motivó el amparo de las comunidades", señalaron a Sputnik desde el equipo legal que lleva adelante la causa.

    Ahora, está en manos del Poder Judicial de Chiapas la resolución del conflicto de fondo: si el Gobierno Federal violó o no los derechos de los pueblos originarios de las tres comunidades Ch´ol que han levantado la voz.

    Etiquetas:
    México, Tren Maya
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