Organizaciones indígenas rechazan el Tren Maya después de que AMLO diera el banderazo de inicio

Más de 200 organizaciones civiles, pueblos indígenas y personalidades independientes del sureste mexicano manifestaron su rechazo al lanzamiento del megaproyecto turístico denominado Tren Maya por haber "atropellado los derechos y garantías de la población, que ha violentado el Estado de derecho".

Mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comenzó su gira por el sureste del país para dar un banderazo de inicio al Tren Maya, considerado como uno de los cuatro megaproyectos de infraestructura que, según anunció, van a funcionar como los motores de la reactivación económica tras el parate obligado por la pandemia del COVID-19.

En este caso que ha levantado resistencias en distintos puntos de los cinco estados que tiene proyectado recorrer, se prometió que va a "detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región". Sin embargo, los locales denuncian que se han avasallado sus voluntades con la imposición desde afuera de un proyecto que consagra un modelo de desarrollo que no los contempla.

Es así que la participación y la discusión de lo que se hará ocupan el centro de su reclamo. "El Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica —a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado— de generar un proceso dónde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al Tren puedan ser escuchados, de tal manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política de desarrollo de las comunidades y pueblos", señalaron en el comunicado al que tuvo acceso Sputnik.

Los motivos del rechazo

Ante la falta de diálogo, los pueblos han entablado diversos mecanismos judiciales que consisten —básicamente— en la presentación de amparos judiciales, una figura legal que protege en México a los ciudadanos ante actos de autoridad contrarios a sus intereses.

Sputnik reporteó como, en el caso de tres comunidades Ch´ol de Chiapas que se ampararon en contra de los decretos que mandataron a la continuidad de las obras en el tramo Palenque—Escárcega del Tren, el Tribunal Colegiado en materia administrativa de Chiapas echó por tierra la suspensión provisional que había emitido una jueza de primera instancia con "argumentos políticos y no jurídicos", evidenciando una "pérdida de independencia" al asumir el argumento del desarrollo por encima de la protección de la salud de los pueblos locales.

Aunque la suspensión definitiva se iba a revisar el pasado viernes 29 de mayo, la audiencia fue diferida y la jueza segunda de distrito de amparos y juicios penales federales, Lucía Anaya Ruíz Esparza, solicitó mayor información al Fondo nacional de fomento al turismo (Fonatur, división gubernamental encargada del proyecto) por lo que se mantiene firme hasta el momento en que se publica este texto.

Hasta el momento, están vigentes tres suspensiones al avance del megaproyecto: una en Calakmul, otra en Campeche y la mencionada de Palenque.

Las organizaciones firmantes del comunicado al que accedió Sputnik, señalan que la actitud presidencial de lanzar las obras del Tren constituyen un desacato de los amparos que están vigentes, así como un desconocimiento de la medida cautelar dictada en el mismo sentido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.

Y que a su vez, denuncian que el contexto de la pandemia se está utilizando para hacer avanzar el proyecto, abriendo un flanco inesperado a las restricciones de movilidad que obliga la contingencia sanitaria, que en este caso opera como un amortiguador del conflicto social, impidiendo las manifestaciones, reuniones, fiscalización de las obras o en muchos casos, la presentación de los amparos arriba descritos ante el cierre de las oficinas judiciales.

Pero el centro de la crítica que se presenta en la carta que accedió a Sputnik se encuentra en la falta de diálogo demostrada por las autoridades mexicanas, reclamando que el megaproyecto ha sido impuesto a las comunidades, particularmente a las indígenas que cuentan con una protección especial internacional, basada en el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligatoriedad de realizar consultas previas, libres e informadas a las comunidades originarias sobre todo lo que tenga que ver con su territorio.

"Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades, pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro y violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación", puede leerse.

Señalan que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 no constituyen un proceso de consulta legítimo, algo que fue señalado también por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Pero fundamentalmente, señalan que no existe ninguna garantía que este proyecto no sea uno más de tantos que han existido que consolide la segregación y la desigualdad en el sureste mexicano, como lo fue la creación de Cancún hace cuatro décadas y que se ha convertido en el epicentro de la explotación territorial, laboral y de violencia que asola a la turística Riviera maya.

Aseguran que del Tren Maya sólo se tienen las promesas y avisos presidenciales, sin tener acceso a análisis de impacto social y ambiental para el megaproyecto completo —se presenta en tramos, diluyendo sus consecuencias, señalan los afectados— que considere toda una serie de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de diverso tipo que van a imponer un reordenamiento territorial en los cinco estados que el proyecto involucra y a cambiarle la cara —y la estructura económica y social— a la zona maya, actualmente rural y de baja densidad poblacional.

"Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que ellos serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro", denunciaron los organizados.