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¿Cuáles son los riesgos de los pueblos campesinos e indígenas de México ante el COVID-19?

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En una conferencia organizada por la Secretaría de Agricultura, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell —encargado de coordinar la estrategia mexicana frente al nuevo coronavirus— reconoció que las comunidades rurales e indígenas requieren de una estrategia propia y particular para lidiar con la pandemia.

La novena conferencia mensual sobre autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables —que son organizadas por la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, dirigida por el ingeniero agrónomo Víctor Suárez Carrera— tuvo como tema principal el análisis de las particularidades que se viven en las zonas rurales e indígenas de México para hacer frente a la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

Suárez, que fungió como mediador del evento realizado por medio de videoconferencia debido a las restricciones que se mantienen para la convocatoria a actos públicos en México, señaló que en el país existen 180.000 comunidades rurales además de 78 pueblos reconocidos como indígenas a los que el COVID-19 acaba de llegar, ya que es notorio, la pandemia tiene un fuerte desarrollo primario en las zonas urbanas y densamente pobladas, que ya ha desbordado sus límites en el país.  

"La inercia del Gobierno mexicano es pesada y resulta rígida en sus estrategias de comunicación para cubrir las necesidades de distintas comunidades. En este caso ha tenido un abordaje muy urbanocéntrico y de clase media que no en pocas ocasiones entrampa la narrativa pública en ciertos segmentos de la población que no enfrentan los mayores retos en esta emergencia sanitaria", reconoció durante su participación en el evento el Sub-secretario López Gatell.

Además de estos dos funcionarios de alto rango, se hicieron presentes el Secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos quien brindó el saludo inicial y destacó la importancia de que la producción no se haya detenido durante este plazo de crisis sanitaria; así como el Director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, quien reconoció las carencias estructurales del sistema de salud disponible para estas poblaciones que viven alejadas de los centros urbanos.

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Por su parte, el Director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adolfo Montes Regino, explicó cómo los pueblos originarios mexicanos han descansado en sus médicos tradicionales para cuidarse en salud y también, en sus propias formas de organización comunitaria y de toma de decisiones para decidir cerrar el ingreso a sus territorios retrasando la entrada del nuevo coronavirus, como muestra que sean los municipios indígenas de Oaxaca los que se mantienen sin casos registrados y catalogados como "municipios de la esperanza" en la estrategia propuesta por el Gobierno Federal tras el fin de la Jornada Nacional de San Distancia, que culminó el 30 de mayo de 2020.

El investigador Armando Bartra que se desempeña como consejero del Consejo Nacional de Evaluación de la política de desarrollo social (Coneval) reconoció que México ya está experimentando un aumento de entre 8 y 10% de su pobreza, que lo ha hecho retroceder diez años respecto a las políticas de contención aplicadas, por lo que insistió en la necesidad de pensar en la elaboración de mecanismos económicos que sean menos frágiles y de mayor resiliencia para hacer frente a la diversidad de crisis que, sostuvo, seguirán presentándose.

"Este retroceso genera alarma y preocupación porque parece que vivimos el Síndrome de Sísifo: tardamos diez años en subir la piedra de la pobreza a la montaña del bienestar para que vuelva a caerse en pocas semanas", ilustró.

Jornaleros sin seguro

Además de la participación de los funcionarios de Gobierno mencionados, la conferencia contó con dos aportes destacados que reflejaron la particular situación que se vive lejos de los centros de toma de decisiones y que explicaron las vivencias de los jornaleros agrícolas y de los productores mexicanos, en este caso, de café.

Isabel Margarita Nemecio lo hizo desde su papel como coordinadora general de la Red Nacional de jornaleros y jornaleras agrícolas; y Fernando Celis participó en su calidad de asesor de la coordinadora Nacional de organizaciones cafetaleras (Cnoc).

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Nemecio alertó sobre las dificultades y limitantes que tienen los jornaleros agrícolas en México para tener acceso a la atención en salud, que no tiene que ver únicamente con la distancia física que los separa de los centros de salud u Hospitales generales —generalmente ubicado en las cabeceras municipales— o más aún de los Hospitales de especialidades, concentrados en las zonas urbanas. El principal problema para el acceso a la atención en salud es la informalidad en que se realiza el trabajo que da de comer a millones de personas en el país e incluso en los vecinos, cuando se exporta su producción.

"No hay una cifra concluyente de cuántas personas se desempeñen como jornaleros agrícolas en México pero calculamos que se encuentra entre los dos y tres millones de personas que viven del trabajo agrícola y que si contamos a sus familias la cifra sube a ocho millones y medio de personas", apuntó la coordinadora de la red de jornaleros.

Según los sondeos de la propia organización, uno de cada cinco jornaleros es indígenas, el 45,2% tiene entre 15 y 29 años, así como 15 de cada 100 son mujeres y al menos uno de cada tres son migrantes. Este perfil que empezó a delinearse por sus propios esfuerzos se completa con los datos de la precariedad:

  • el 93% de los jornaleros agrícolas en México carece de contrato,
  • el 90,9% no cuenta con acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo,
  • el 85,3% no cuenta con prestaciones laborales de ningún tipo,
  • el 33,3% gana un salario mínimo y el 54% gana hasta dos salarios mínimos.

"Desde la Red Nacional de jornaleros y jornaleras hemos visto cómo la población jornalera tiene limitantes para gozar de la atención médica, así como la falta de contratos limita el seguimiento puntual de estos casos. Según datos de la Coneval, en 2018 sólo el 13% tuvo acceso a la seguridad social, por eso no tenemos datos vigentes o actuales de cuánta de esta población ha tenido atención en salud durante la pandemia", señaló Margarita Nemecio durante el evento.

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Los límites provocados por este subregistros y el rezago en los datos oficiales impide tener un perfil más claro para articular políticas específicas de atención, sin embargo, la representante señaló cómo distintos medios de prensa han registrado algunos casos aislados, destacando la vulnerabilidad de quienes se trasladan a trabajar lejos de sus comunidades de origen para trabajar en el campo y son discriminados, como sucedió con el Presidente Municipal de Fresnillo —estado de Zacatecas— Saúl Monreal Ávila, quien amenazó con interponer denuncias por desobediencia contra los jornaleros que "se estuviesen paseando" por su municipio, tras solicitarles que "se quedaran en sus lugares de origen".

Nemecio hizo hincapié en la necesidad de contar con protocolos de prevención y atención en salud, con traductores de los idiomas originarios de México —68 idiomas se hablan en México además del español— y el reconocimiento de la prevalencia de enfermedades crónicas entre los jornaleros que los vuelven población vulnerable ante la pandemia.

"Se necesitan datos vigentes y materiales de difusión específicos, así como contemplar apoyos emergentes para esta población y la elaboración de un padrón vigente de empresas agrícolas y de la incorporación de los trabajadores a la seguridad social. Por otra parte, es fundamental contar con inspecciones laborales en los centros de trabajo agrícola así como en las pequeñas unidades de producción, que concentran a la mayoría de los jornaleros del país", concluyó.

La sorpresa campesina

Fernando Celis, de la Coordinadora Nacional de organizaciones cafetaleras (Cnoc) articuló su participación en la sesión en tres partes: una puesta a punto de la situación que se vive en las zonas rurales cafetaleras del país así como una serie de conclusiones respecto a los desafíos específicos de esta población para hacer frente al nuevo coronavirus; y una tercera, en que enunció propuestas para los altos funcionarios de Gobierno presentes en el evento.

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Primero, señaló que existe una enorme cantidad de "información chatarra" en las comunidades rurales y que es urgente que se precise ciertas características del COVID-19 respecto a otras enfermedades respiratorias, que actualmente operan para que las personas que se creen sospechosas de estar enfermas tengan dudas sobre la pertinencia de concurrir a los centros de salud a pedir atención médica, dada la escases de personal y equipo adecuado para tratar el virus fuera de las ciudades.

Por otra parte, señaló que se ha registrado un aumento del precio del maíz y del azúcar durante la pandemia que hace temer que se produzca un disparo en los precios de los productos básicos; señaló a su vez que los bancos que hacen las entregas directas del pago de los programas sociales han tenido descuentos irregulares durante estas épocas y que el sistema de entregas directas de los planes sociales por medio de las tarjetas de bienestar, genera mayores riesgos de contagio al propiciar aglomeraciones para su cobro en las cabeceras municipales.

Esto mismo fue denunciado a Sputnik en días pasados por trabajadores del Programa Sembrando Vida, quienes relataron cómo se convoca hasta mil sembradores por día de pago en la cabecera municipal de Ocosingo (Chiapas) que deben viajar varias horas en transporte público para poder cobrar los 5,000 pesos que reciben por su trabajo en este programa de reforestación.

"Ya estábamos viviendo un contexto de recesión económica fuerte y en particular, los precios del café están descendiendo por la pandemia mundial del COVID y por la actitud de las grandes empresas comercializadoras en México que no colaboran con los productores. Si siguen bajando los precios, va a crecer el descontento en la población", sostuvo durante su intervención.

Explicó que mientras las zonas cafetaleras de Chiapas tienen formas de organización comunitaria propias que les permiten tener un mayor control y una respuesta común a lo que sucede en sus comunidades, la zona cafetalera de Veracruz no la tiene y que en las últimas dos semanas ha sufrido aumentos drásticos del porcentaje de contagios de COVID-19 en estos municipios: Córdoba, Huatusco, Coatepec, Mizantla y Martínez de la Torre.

"En Veracruz decimos que julio y agosto es la época de la guayaba, la peor época para el campo que hace que la gente salga a las ciudades medias a vender sus productos en vez de quedarse en sus comunidades o a emplearse en trabajos temporales para sobrevivir, lo que va a generar un aumento del movimiento y los contagios en distintas ciudades. Es urgente hacer una diferenciación en la atención por regiones de manera inmediata para contener la expansión de la pandemia", reclamó Celis durante la conferencia.

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Por otro lado, la fuerte penetración de bebidas azucaradas desde comienzos del milenio en los pueblos rurales, así como la pérdida paulatina de la producción de alimentos para la subsistencia han tenido un impacto terrible en el desarrollo de enfermedades crónicas producto de una mala alimentación, que son las principales comorbilidades que aumentan los riesgos de desarrollar una enfermedad grave de contraer Covid 19.

Sostuvo que los cafetaleros organizados en torno a la Cnoc han tenido muchas dificultades para acceder a los créditos para el campo que ofrece el Banco de Desarrollo en México, compuesto de una decena de entidades dependientes del Gobierno Federal que brinda —usualmente a tasas menores que el mercado los préstamos imprescindibles para toda actividad agrícola, más de pequeños y medianos productores como es el caso.

"Nos preocupa que las instituciones del Gobierno no estén funcionando de igual manera ante la emergencia, porque además del avance del COVID-19 hay que cuidar que no caiga la producción en el país y actualmente nosotros batallamos mucho por conseguir los créditos para producir", sostuvo Celis ante los funcionarios de Gobierno.

Realizó tres propuestas para atender la crisis en el medio rural en el corto plazo:

  1. Trabajar para evitar que el COVID-19 se expanda en zonas rurales, algo que "puede ser una tragedia terrible" dada la escases de información e infraestructura en salud, por lo que instó a que los apoyos sociales y del bienestar se entreguen en las comunidades y no en las sucursales bancarias ubicadas en ciudades medias o cabeceras municipales, aumentando el riesgo en salud de las personas que deben trasladarse desde zonas alejadas para poder cobrar.
  2. Agilizar los créditos para los productores de café y maíz y adelantar los apoyos económicos ofrecidos o bien, generar un programa temporal de apoyo emergente, que evite que los pobladores de zonas rurales tengan que salir de sus comunidades por falta de ingresos a buscar trabajo en las ciudades medias.
  3. Adecuar el pedido de contención de la enfermedad elaborado para las ciudades con el lema Quédate en casa por otro que contemple las condiciones de vida de los campesinos que trabajan en sus parcelas y que requieren una estrategia que les permita continuar esta labor de producción que, con el apoyo necesario, puede redundar en una mayor dedicación de tiempo al trabajo en sus parcelas que suelen estar cercanas de dónde viven y que no representa un riesgo de expansión del contagio, ya que en el caso del café "es un cultivo familiar y casi casero".
"Los campesinos de México pueden dar una sorpresa y aumentar la producción a pesar del COVID-19 al concentrarse en sus parcelas y no verse obligados a bajar a las ciudades medias a buscar trabajos temporales, si se les brindas los apoyos y créditos adecuados. Esta es una experiencia terrible pero hay que salir adelante", concluyó.
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