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    La comunidad shipibo-conibo de Cantagallo es como un enclave indígena en Lima. Dentro de su pobreza, la vida era pese a todo apacible, hasta el 25 de abril cuando se conoció del primer contagio por COVID-19. Ahora permanece aislada del caos de la capital y sus hospitales colapsados, en una batalla para que la muerte no se la lleve de encuentro.

    Perú tiene varias cuentas pendientes desde hace años que, en esta pandemia, le han explotado en la cara. Una de ellas toca a esta comunidad compuesta originalmente por 200 familias del pueblo aborigen shipibo-conibo que, en el año 2000, llegaron a la metrópoli desde el departamento amazónico de Ucayali (nororiente) con la esperanza de tener una vida mejor.

    "Si el Estado hubiese cumplido con nosotros cuando, hace 4 años, nos dijo que íbamos a tener una vivienda digna, estaríamos enfrentando esta crisis en mejor calidad de vida", dice Vladimir Inuma, subjefe de la comunidad, en diálogo con Sputnik.

    El líder indígena habla de la promesa postergada año tras año por el Gobierno, el cual, luego de un incendio que hizo cenizas las precarias casas de madera en la que vivían los shipibo-conibo en 2016, les ofreció reubicarlos en una zona segura de la capital.

    Sin embargo, nada ocurrió hasta que el año pasado, cansados de esperar, volvieron al terreno quemado, ubicado en una zona marginal de Lima, a levantar de nuevo casas rudimentarias y llevar una vida sin agua ni desagüe.

    Así, esperando que el Estado cumpla con su palabra, siguieron como siempre, transitando entre calles de tierra estrechas, conservando sus tradiciones, su cultura y su lengua. Luego, si la llegada de la pandemia ha sido una tragedia para todos, para la comunidad ha sido lo más parecido a una condena.

    Actualmente, Cantagallo está conformada por cerca de 400 familias, aproximadamente 1.500 personas, y tras el primer contagio han seguido 414 más y 3 fallecidos. "Después de las primeras muertes, todo se volvió un caos total, con gente agonizando", dice Inuma.

    Si bien el Ministerio de Cultura y de Salud ha llegado a auxiliarlos, practicando pruebas de descarte o llevando víveres para una población que permanece aislada y con temor, esta ayuda ha sido insuficiente y los indígenas siguen cayendo en cama, como fichas de un dominó truculento.

    "Pasaron 51 días [desde la declaratoria del estado de emergencia el 16 marzo] para que el Estado tome acciones. ¿Eso es justo? Sentimos que no somos iguales a los demás, que así es como siempre nos han tratado a los pueblos indígenas. Ahora no queremos llevar a nuestros enfermos a los hospitales. ¡¿Para qué?!, si están colapsados", cuenta el dirigente.

    Luego nos relata que, si bien el Ministerio de Salud les ha hecho llegar fármacos para el virus, eso ha sucedido recién esta semana, por lo que han estado combatiendo la enfermedad con sus conocimientos tradicionales. "Son pocos los que salen de la comunidad para comprar cosas, pero nos estamos vaporizando con nuestro kión (jengibre), cebollas, eucalipto, ajos", dice.

    El límite de la paciencia

    La situación sanitaria en la Amazonía peruana es gravísima, con los departamentos de Loreto y Ucayali (oriente) considerados como zona de desastre por el Colegio Médico del Perú, registrando unas de las más altas tasas de contagio por número de habitantes, situación que no es ajena a Cantagallo.

    "Nosotros representamos a nuestros hermanos indígenas", dice Inuma, haciendo suya la tragedia que ocurre a miles de kilómetros de la capital, en la tierra que ha visto nacer y morir a sus antepasados por siglos.

    Así, la Comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo ha presentando el jueves 20 una demanda de amparo contra el Ministerio de Economía, de Cultura y de Salud, acusando la violación de su derecho a la integridad física, impulsada por años de postergación y desatención.

    "El Estado está violando el derecho a la salud de los pueblos indígenas al punto de amenazar su vida e integridad física, porque en este momento no se cuenta con una política diferenciada para atenderlos en un contexto de pandemia. Y hablo de un trato diferenciado acorde al Derecho, pues los pueblos indígenas son población vulnerable y el Gobierno tiene la obligación de idear políticas especiales", dice el abogado Álvaro Másquez, perteneciente al Instituto de Defensa Legal (IDL).

    El IDL y el Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organizaciones no gubernamentales, se están encargando de asesorar a la comunidad de Cantagallo para reclamar no sólo por su situación sino por la de los pueblos amazónicos, en un vínculo solidario que la distancia no ha quebrado sino que, por el contrario, se ha robustecido en tiempos adversos.

    Másquez afirma que Cantagallo es un "ejemplo representativo del problema de los indígenas", e Inuma admite que carga con un deber moral para que las muertes no aumenten.

    Mientras tanto, la comunidad continúa con su vida en casas estrechas donde es difícil mantener la distancia que impida que el virus no invada un cuerpo nuevo, y donde las mascarillas se han hecho con las mismas telas decorativas de sus tejidos y diseños originales, un ornamento lucido para cubrir rostros con miedo.

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