El incendio, ocurrido el viernes 4 de noviembre, despojó de sus hogares y de sus pertenencias a unas 250 familias que al día de hoy permanecen sin techo y exigen a las autoridades una respuesta a sus problemas, explicó a Sputnik Richard O’Diana, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), organización que defiende los derechos de los Shipibos.
"Lo han perdido todo. Un 90% de la comunidad ha sido arrasada. La gente no solo tiene sus casas allí sino sus mecanismos de vida. Sus talleres, sus máquinas estaban ahí. Ninguno de ellos quiere moverse justamente por temor a perder la posesión [del terreno]", dijo el miembro del CAAAP.
Los Shipibo se establecieron entonces de manera irregular hacia el año 2000 en Cantagallo, un "descampado" donde fueron construyendo sus viviendas, generalmente con madera u otros materiales inflamables como el 'triplay'.
"Vivían en hacinamiento sin servicios básicos: sin agua, sin luz, sin desagües, salvo por algunas conexiones informales. Así han estado los últimos 16 años. Por eso buscaban formalizar su situación", precisó O’Diana.
La situación se revirtió con el cambio de alcalde: bajo la administración de Susana Villagrán se logró "entablar un diálogo" y "el proyecto se alteró" en 2013 de manera de crear un fideicomiso para reubicar a los Shipibo. Con el fin del mandato de Villagrán y el regreso de Castañeda en 2015, el diálogo se estancó nuevamente.
Según O’Diana, Castañeda cambió el plan maestro del proyecto y modificó el contrato de fideicomiso para destinar el dinero de la reubicación de los Shipibo "a una obra de carretera": un 'bypass' en una de las principales avenidas de Lima.
El incendio ahora agrava la situación de los Shipibo, que reivindican el reconocimiento de la propiedad formal sobre los terrenos que ocupaban.
Descubren #altar #inca que se creía destruido en #Perúhttps://t.co/VNaE2JLocK pic.twitter.com/0j8l2tU9H3
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 2 октября 2016 г.
Hasta el momento, los Shipibo no han contado con la presencia del alcalde en el lugar de los hechos. Por eso han entregado una carta haciendo una invitación formal al diálogo a las autoridades.
"No han ofrecido mayor salida salvo lo de siempre que hacen los políticos: dar víveres y tratar de estar ahí para las cámaras. No auguramos un buen puerto. A pesar de ello, la comunidad cree en el diálogo y ha invitado al alcalde a discutir con ellos", sentenció el abogado.
Antes del incendio masivo, una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el asentamiento y lo incluirá en su informe de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, el activista resaltó que "es importante ser consciente que no es solo la sociedad civil peruana" que denuncia esta situación, sino también los organismos internacionales.
