El foco del reclamo fue el decreto que habilitó a empresas y empleados a mantener el vínculo aunque sin realización de tareas y sin pago del sueldo. Otra molestia radica en la gestión del Gobierno de Martín Vizcarra contra la pandemia de COVID-19. Perú reportó 20.914 contagiados y 572 fallecidos. Las regiones más afectadas en el país son Lima, Loreto, Lambayeque y Piura.
El presidente Martín Vizcarra reconoció la situación y afirmó que en varios lugares "la demanda superó la oferta de la atención hospitalaria", y aseguró que se trabaja para aumentar la cantidad de camas.
"Se formó un Comando Nacional COVID-19, dirigido por exministros que durante sus gestiones no hicieron nada por el sistema de salud. Estos hospitales que debieron estar equipados con lo mínimo se han desbordado", dijo a En Órbita el secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales de Perú e integrante del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, Domingo Cabrera Toro.
En tanto, la Sociedad de Medicina Intensiva afirma que faltan recursos humanos ya que se cuenta con 700 intensivistas cuando se necesitaría el doble. Médicos y enfermeras realizaron protestas en las puertas de hospitales por la falta de elementos básicos de seguridad. Afirman que deben reutilizar tapabocas y que faltan uniformes y productos de higiene.
"Tenemos un nuevo ministro [Víctor Zamora, asumió el 20 de marzo] que tomó esta papa caliente. Los trabajadores de salud no tienen balas para luchar en esta guerra. No hay equipos necesarios, hay miles de médicos infectados, algunos han muerto. En una guerra los soldados deben continuar pero no debemos dejarlos sin balas, que en este caso son barbijos, respiradores, etc.", afirmó el entrevistado.
El país se encuentra en cuarentena obligatoria desde el 16 de marzo y tenía fecha de conclusión el 26 de abril pero el Gobierno confirmó que la medida se extiende por otras dos semanas. El Colegio Médico había instado a esta opción.
Críticas a nueva ley en Uruguay
La funcionaria envió una carta a los legisladores donde argumenta que "el aumento de penas no disuade a los adolescentes de cometer delitos".
"Estamos convencidos que la posición de Unicef es la correcta. Uruguay se ha pronunciado hace varios años sobre hacer punibles las conductas de los jóvenes, y lo hizo por un plebiscito de forma contraria. Cargar todos los problemas de seguridad a los adolescentes del país es un error en el que cae la derecha uruguaya", dijo a En Órbita el vicepresidente del partido opositor Frente Amplio y diputado, Juan Carlos Mahía.
El proyecto de la LUC tiene más de 500 artículos que deberán ser considerados en menos de tres meses. Ha sido rechazado por la oposición, gremios de la enseñanza, de la salud y por la central de trabajadores PIT-CNT, al considerar que afecta la democracia, amenaza los derechos civiles e implica un importante retroceso en la materia.
El texto no hace ninguna referencia a la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus. Para Mahia es un "disparate" que no se contemple la actual situación que atraviesa el país, en el marco de una ley que se considera como urgente.
Angustia en Europa
La mitad de las más de 100.000 muertes en Europa por coronavirus fueron en residencias para adultos mayores. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el continente, el doctor Hans Kluge, calificó la situación de "tragedia inimaginable".
La OMS destacó que estos centros de salud han sido “notoriamente olvidados durante largo tiempo". Kluge consideró que los empleados de estas residencias tienen un exceso de trabajo y una mala remuneración.
"Heredamos los valores europeos y nuestras oportunidades de esas generaciones pasadas, por lo que debemos cuidar de ellas, es nuestro deber y no podemos dejar a nadie atrás", afirmó.
El cuidado de personas en geriátricos ante el virus no solo afecta a Europa sino que es un problema mundial. Esta semana en Buenos Aires, dos brotes provocaron contagios en más de una veintena de adultos mayores. La Justicia argentina investiga si existió delito de abandono de persona.
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