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    LA PAZ (Sputnik) — El Gobierno de Bolivia suspendió el pago de bonos de alivio por la pandemia de COVID-19 a los pobladores de Chapare (centro), en medio de creciente tensión por el regreso de la policía a ese territorio dominado por sindicatos de productores de coca.

    "Por razones de seguridad se ha dispuesto el cierre de todas las agencias [bancarias] que atienden en la zona a partir del día de hoy, viernes 17 de abril, hasta nuevo aviso", dijo la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en un comunicado.

    El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció paralelamente un supuesto plan de desestabilización liderado por el expresidente y líder cocalero Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores, contra quienes anunció procesos penales, y aseguró que la Policía se reinstalará definitivamente en Chapare.

    La Coordinadora de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, organización de los cocaleros de la región, negó participación en un choque entre vecinos y policías, rechazó la denuncia de Murillo y lo acusó en cambio de montar una provocación con fines políticos.

    Los bancos cerrados se dedicaban casi exclusivamente durante la cuarentena al pago de tres bonos de alivio creados por el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez en favor de no asalariados y otros sectores pobres de la población, entre ellos productores campesinos como los cocaleros.

    El cierre fue ordenado por la ASFI al día siguiente de que el Gobierno enviara unos 300 policías a Chapare en procura de retomar el control de esa zona que había perdido desde la expulsión de los uniformados, por parte de los cocaleros, durante las protestas que siguieron al golpe de Estado de noviembre.

    Los policías fueron expulsados en la noche del 16 de abril de Shinahota, uno de los municipios chapareños, por vecinos que según Murillo estaban dirigidos por "delincuentes" seguidores de Morales y de su partido, el Movimiento Al Socialismo.

    "No tengo duda", dijo Murillo a un reportero que le consultó si creía que Morales ordenó la expulsión de la policía; "el se alimenta de la muerte", afirmó.

    Agregó que el Gobierno iniciaría procesos penales contra los dirigentes cocaleros que habrían liderado la "agresión" a los policías, de la cual dijo que afectaba también a la lucha contra el nuevo coronavirus, causante de la pandemia de COVID-19.

    Pero los cocaleros negaron participación en los incidentes del 16 de abril y afirmaron que la llegada masiva de la Policía había roto la tranquilidad que caracterizaba a la cuarentena anti-coronavirus en Chapare, como producto de un trabajo conjunto de los sindicatos y un destacamento militar de la zona.

    El ingreso de la Policía y el cierre de bancos responden a "un cálculo político del Gobierno para dañar [a los sindicatos], sabían que en el Trópico no había policías, estábamos trabajando de manera coordinada en la cuarentena", dijo el dirigente cocalero Leonardo Loza a la radio sindical Kausachun Coca.

    Asterio Romero, alcalde del municipio de Villa Tunari, el más grande de la región, coincidió en que "el ingreso de los policías se dio sin previa coordinación" y "rompió los avances logrados en un proceso de diálogo con el mismo Gobierno para el retorno ordenado y pacífico de la fuerza del orden".

    Romero añadió que los policías que llegaron el 16 de abril a Chapare solo tuvieron problemas en Shinahota y que se habían instalado sin dificultades en los demás municipios de la región. 

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    sindicatos, coronavirus en América Latina, pandemia de coronavirus, coronavirus, producción, Bolivia, coca
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