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21:01 GMT +314 Octubre 2019
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    Agente de policía brasileña

    'Mano dura', cárcel y militares a la calle: la verdad detrás de la (in)seguridad de las ciudades

    © REUTERS / Ricardo Moraes
    América Latina
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    "Los delincuentes son impunes a la ley, nunca llegan a la cárcel", "los policías tienen las manos atadas", "los militares en las calles traen orden y paz". ¿En qué país no se ha escuchado pedir más 'mano dura' contra el crimen? Los discursos alarmistas resuenan alto, pero las cifras indican que las medidas punitivistas no son la solución. 

    El punitivismo, la prisionalización y la militarización de la seguridad pública son temas de debate en toda América. En el Cono Sur, por ejemplo, Brasil, Argentina y Uruguay tienen cifras que demuestran que no son medidas efectivas para combatir el crimen.

    Brasil

    Desde que el 1 de enero de 2019 Jair Bolsonaro asumió como presidente de Brasil y Wilson Witzel como gobernador del estado de Río de Janeiro, el estado alcanzó su nivel más alto de muertes a manos de la Policía en los últimos 20 años. En apenas siete meses, esas muertes representaron el 40% de los fallecimientos violentos. 

    • Entre enero y julio, el estado mató a 1.075 personas, lo que significó un aumento del 20% con respecto al mismo período de 2018. 
    • Brasil tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo: 30 personas cada 100.000 habitantes, según datos del Banco Mundial para 2016. El promedio de Suramérica es de 14,5 homicidios.

    ​En Brasil los estados son los que tienen la mayoría de las competencias en materia de seguridad; Witzel ha sido muy criticado por su estrategia de 'mano dura' contra la delincuencia. El gobernador y Bolsonaro pregonan una política de 'tolerancia cero' y reclaman una mayor inmunidad para los policías que disparan contra "sospechosos" y terminan matándolos. 

    Hay una "lógica de guerra" donde el "enemigo a ser controlado" por las fuerzas de seguridad son principalmente los negros y los pobres, dijo Isabel Lima, magíster en Políticas Públicas y Derechos Humanos, coordinadora de Justicia Global, durante el conversatorio 'Seguridad en Jaque' en Montevideo el pasado jueves 12, organizado por el Servicio Paz y Justicia de Uruguay, y la Casa Bertolt Brecht.

    "Las políticas de seguridad son selectivas, (...) profundizan las desigualdades", resumió.

    Lima mencionó el informe 'Circuito Favelas por Derechos' —realizado por más de 25 entidades en defensa de los derechos humanos de Brasil y presentado en septiembre de 2018 por la Defensoría Pública de Río de Janeiro—. El documento revela las distintas violaciones que sufren los habitantes de los barrios ocupados por los militares: más de 30.

    A partir de los relatos de los habitantes de las comunidades se constató que los agentes de seguridad habían:

    • robado;
    • dañado su patrimonio;
    • agredido sexualmente;
    • extorsionado;
    • amenazado;
    • agredido físicamente;
    • realizado ejecuciones o disparos al azar.

    Lima advirtió que la "criminalidad cotidiana" no presenta una amenaza para la seguridad nacional, y por ende "no hay por qué actuar bajo la lógica de guerra". 

    Esa lógica conlleva la "total falta de transparencia" que existe en el accionar de los militares, que alimenta la falta de independencia de los tres poderes del Estado para investigar los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad. Hay una "gran fragilidad democrática", se ha "retrocedido en todos los ámbitos", advirtió. 

    "Más que nunca precisamos estar  juntos para articular la resistencia", agregó. Ella boga por la "desmilitarización de la vida en las sociedades".

    Uruguay

    Hay algunos mitos sobre la seguridad pública y la militarización que "no resisten el menor análisis"; esa fue una de las primeras frases que pronunció el doctor en sociología Luis Eduardo Morás al referirse a la situación de Uruguay. 

    El país suramericano de 3,5 millones de habitantes es ejemplo en el mundo por tener la democracia más plena de Suramérica y el Caribe, no sufre de guerra de guerrillas y goza de uno de los más altos índices de paz de la región: su tasa de homicidios aumenta. Según datos del Banco Mundial, en el 2000 tenía una tasa de 6,4.

    En marzo de 2019 el Ministerio del Interior de Uruguay publicó un informe que reveló que la tasa de homicidios alcanzó los dos dígitos en 2018 por primera vez en la historia uruguaya: 11,8 casos cada 100.000 habitantes, una cifra muy por encima de Chile, que tiene 3,6 y de Argentina con 5,2.

    En ese escenario, tres de cada cuatro personas en Uruguay están de acuerdo en aumentar las penas para todos los delitos; también hay una marcada tendencia a considerar la prisión como la principal respuesta penal, según indica una encuesta realizada por el Núcleo de Análisis de la Criminalidad y la Violencia (Nacvi) a la que tuvo acceso Sputnik en julio de 2019.

    ​Morás advirtió que desde que empezó la década progresista con la llegada del Frente Amplio (centro izquierda) al poder en 2005, aumentó exponencialmente la cantidad de personas encarceladas y, sin embargo, la prisionalización no sirvió para bajar la criminalidad. Dio algunas cifras:

    • En 2004 (último año de gobierno de la derecha) había 6.500 personas presas. Ese año se procesaron a 10.368 personas adultas; 6.109 fueron procesados con prisión..
    • En 2016 hubo 14.879 procesados; 9.841 de ellos con prisión. Había 11.200 encarcelados (cifra que se mantiene hasta la actualidad).
    • Entre el 2004 y el 2016 creció 43% la cantidad de adultos procesados; y 60% la cantidad de procesados con prisión. 

    A pesar de que los números demuestran que el aumento de la prisionalización no reduce la criminalidad, Morás explicó que se continúa apostando por ese tipo de medidas punitivas porque en el imaginario social existe la idea de que "campea la impunidad total de los delincuentes", y de que los criminales son oportunistas, racionales, y están despojados de condicionamientos estructurales, es decir, se piensa que el contexto social, económico y cultural en el que creció, no pesan en sus decisiones.

    "Casi todo el espectro político está de acuerdo en esta construcción clásica del sujeto delictivo. Los mecanismos represivos (...) dependen del tipo de construcción" que prime en el imaginario social y político, explicó.

    Una de las "soluciones" a la criminalidad que responde a esa representación de delincuente es sacar del cuartel a los militares y llevarlos a las calles. Morás recordó que el próximo 27 de octubre los uruguayos votarán un plebiscito conocido como "Vivir sin miedo", impulsado por el senador y exprecandidato del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga. 

    De aprobarse, se modificará la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, la creación de la prisión permanente revisable (una condena que se va revisando cada cierto tiempo, para decidir si mantener la prisión o no), la eliminación de beneficios liberatorios para las personas privadas de libertad por delitos graves, y la creación de una guardia nacional con militares.

    De acuerdo al sondeo realizado por Nacvi, 57% de los entrevistados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en "perder ciertas garantías a manos de la fuerza policial" a cambio de un mejor control del delito.

    "Esta reforma, que se presenta limpia de ideologías, proviene de un partido con el lema 'Somos idea. La unión nos hará fuerza'", ironizó. Además, hizo hincapié en que Uruguay es el único país de la región que pide la militarización de la seguridad pública a través de una reforma de su Carta Magna. 

    "Pedir justicia más allá de la letra de la ley era considerado revolucionario. Hoy creo que pasa a ser extremadamente revolucionario pedir simplemente el cumplimiento de la ley, que se mantengan las garantías del viejo Estado de derecho: el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, la garantía procesal, una sentencia acorde al daño producido, y condiciones dignas de ejecución de la medida judicial", finalizó Morás. 

    Argentina

    En 1983, después de siete años de dictadura, comenzó un proceso de "desmilitarización": un "debilitamiento simbólico y material" de las Fuerzas Armadas, indicó la doctora en Antropología Social Sabrina Frederic en el conversatorio.

    Hubo transformaciones "bastante profundas" en la educación militar, como la inclusión de políticas de género y en la administración de Justicia, que hicieron que los delitos cometidos por militares fueran juzgados por el fuero civil. Paralelamente, comenzaron a bogar por incrementar su "reconocimiento social" en un contexto de "mucha pérdida de reputación". 

    En 2006, tres años después de haber asumido Néstor Kirchner (centroizquierda) como presidente, se reglamentó la Ley de Defensa Nacional Nº 23.554 de 1988, y se estipuló que las Fuerzas Armadas sólo intervinieran en caso de que hubiera un ataque de un Estado extranjero: esa determinación dejaba afuera la posible intervención en casos de narcotráfico o terrorismo. 

    Paradójiamence, fue también en 2006 cuando el kirchnerismo comenzó a utilizar a los militares para "apoyar" el trabajo de la gendarmería, una fuerza militar de carácter intermedio entre el Ejército y la Policía, cuya misión es proteger las fronteras y los sitios estratégicos del país. Entre 2003 y 2013, los efectivos de gendarmería pasaron de 17.000 a 37.000.

    ​Frederic considera que recurrir a los militares, el máximo poder de fuerza del Estado, "debiera ser pensado como una crisis en el ejercicio de soberanía del Estado nacional (...) donde el miedo como base se instala en la gestión de poblaciones cada vez que el Estado declara 'no hay otro destino que la cárcel o la muerte'", advirtió.

    En 2015, a un mes de haber asumido la presidencia, Mauricio Macri (centroderecha) decretó la Emergencia de Seguridad Pública por un año en todo el territorio nacional con el propósito de "superar la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".

    "Se instaló y reavivó la amenaza del delito complejo, una entelequia que poco sabemos de qué trata… El decreto anuncia la existencia de un peligro colectivo producido por la forma del delito complejo", que incluye al terrorismo y narcotráfico, dijo la antropóloga argentina. 

    Después de la desaparición del ARA San Juan se volvió a instalar un intenso debate nacional sobre las Fuerzas Armadas. No obstante, en julio de 2018 Macri anunció un "plan de modernización" que les daría potestad para realizar tareas que puedan colaborar con la seguridad interior del país, y derogó el decreto de reglamentación de la Ley de Defensa. 

    Según datos de marzo de 2019 de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 1983 hasta febrero de 2019, las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) son responsables de 6.564 muertes en Argentina. Durante los primeros 1.059 días del Gobierno de Macri, hubo 1.303 muertes.

    La decisión del Gobierno macrista de cambiar las potestades militares no es única en Latinoamérica. En otros países de la región como México, Colombia y El Salvador se ha apostado por la militarización a pesar de que organizaciones sociales e incluso la ONU han demostrado que las políticas de 'mano dura' han fracasado en disminuir los niveles de violencia y delitos, además de que han tenido un impacto profundo en la vulneración de derechos humanos. 

    Según el último informe regional 'Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina' elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado en 2014, el uso de la fuerza implica el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de las cárceles, violación a los derechos humanos y el abuso de autoridad.

    Etiquetas:
    Uruguay, Argentina, Brasil, fuerzas armadas, seguridad nacional, seguridad interna, seguridad social, seguridad, inseguridad, militares
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