"Miembros del Gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información", indica el exhorto difundido en forma simultánea en México, la sede la ONU en Ginebra y de la CIDH en Washington.
Los expertos resaltaron que "México tiene la obligación de establecer un marco normativo sobre la publicidad oficial que contenga reglas claras sobre sus objetivos, criterios de asignación y procedimientos a fin de impedir cualquier uso discriminatorio o arbitrario de estos fondos".
En una decisión histórica, el 15 de noviembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de México que emitiera una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
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Un proyecto de legislación fue presentado al Congreso procura cumplir con esta orden.
La Cámara de Diputados del Congreso mexicano aprobó este proyecto de ley el 10 de abril recién pasado, "en un proceso caracterizado por la falta de consulta significativa con la sociedad civil y otros actores interesados", indica el documento suscrito por los expertos de la ONU y la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos.
El proyecto de ley está en discusión en el Senado, donde varios legisladores han solicitado cambios.
"La relación de la prensa con el poder no ha mejorado, sino que ha empeorado: en el Gobierno de Enrique Peña Nieto el gasto en promoción de su imagen asciende a más de 40.000 millones de pesos a diciembre de 2017", dijo el 19 de abril a Sputnik Ricardo Reyes, integrante de Artículo 19, organización independiente que defiende el derecho a la libertad de expresión y cabildea en el Congreso por la nueva ley.
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Ese gasto público, que equivale a más de 2.200 millones de dólares y superaría los 3.300 millones de dólares al cierre de su mandato presidencial, en diciembre de este año, siembra con intercambios monetarios y en especie la relación del poder político y la prensa.
Uso discrecional de publicidad oficial
Los expertos de la ONU y la CIDH expresaron su preocupación de que el proyecto de ley propuesto deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales, y pidieron "establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad".
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Además, resaltaron que, a fin de vitar el abuso y el gasto público excesivo en publicidad, es esencial contar con criterios "para explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad".
Finalmente, exhortaron a los legisladores a hacer una nueva evaluación de la ley propuesta, realizando consultas significativas con miembros de la sociedad civil apegada a leyes internacionales.
Las organizaciones ciudadanas denuncian que el intercambio de dinero y favores entre directivos, periodistas y funcionarios, se hace condicionado a la subordinación de las líneas editoriales de los medios de comunicación.
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Un documento del centro de análisis Fundar, entregado a legisladores encargados de redactar la nueva Ley de Comunicación Social, indica que el grueso de la publicidad oficial ha tenido como destino tan solo diez grandes medios, empresas de comunicación y agencias intermediarias de publicidad.
