"Quienes conformamos el TSJ no nos vamos a detener por amenaza extranjera alguna; el ejercicio de nuestras funciones ha estado apegado a la Constitución y a las Leyes", dijo Moreno desde la sede del máximo tribunal.
A la apertura del año judicial acudieron la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a quienes Moreno manifestó su respaldo en la defensa de la soberanía.
Además, aseguró que no permitirán la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela."Los principios universales del derecho no admiten la injerencia extranjera, y los tribunales de justicia internacional tienen el deber de responder ante estos ataques selectivos que buscan coartar la buena marcha de la administración de justicia", expresó.
El año 2017, fue "atípico" para el sistema judicial, destacó Moreno, asegurando que se observaron "intentos desesperados" por debilitar la justicia e imponer "teorías fácticas" contra el estado de Derecho y la estabilidad del país.
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"No se puede pretender que, con el uso abusivo de la política irracional, se pretenda crear un caos institucional, incitar a la impunidad y crear un clima de terror para generar anarquía y temor en la sociedad venezolana", advirtió.
El magistrado también señaló que en 2018, el sistema judicial se prepara para afianzar la democracia en el país, cuando en abril se celebran las elecciones presidenciales en esa nación suramericana.
"Venezuela se adentra en momentos que definirán el rumbo del país, por ello el poder judicial debe estar atento en el firme propósito de fortalecer la voluntad de nuestro pueblo y afianzar nuestro sistema democrático", destacó el presidente del TSJ.Fortalecer la justicia venezolana y profundizar en los cambios del sistema será uno de los objetivos para este año.
"Extiendo mi mano y ofrezco mi apoyo, a todas las acciones tendientes a colaborar con el sistema de justicia, para así, profundizar los cambios que requiere nuestro sistema", añadió.
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Moreno también recordó durante su discurso que en junio de 2017, la sede del poder judicial venezolano en Caracas, fue atacada desde un helicóptero con granadas y disparos, lo que fue calificado por el Gobierno venezolano como una acción terrorista en contra de la justicia en el país.
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