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Venezuela, antes y después de la Constituyente

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CARACAS (Sputnik) — La línea de tiempo de este 2017 en Venezuela tiene un hito trascendental: la creación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) oficialista, que marca un antes y un después para la política y la economía de este país sudamericano.

La nación caribeña comenzó este año con un conflicto político que ya amenazaba con recrudecerse, ante una marcada pugna por el control poder, en la que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se enfrentaban a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), dirigida por la oposición.

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Pasada la mitad del año se creó la Constituyente, tras un espiral de violencia que dejó consecuencias fatales para el país, con detenciones e inhabiltaciones políticas, allanamientos de la inmunidad parlamentaria de diputados y más de 120 muertos.

Paralelamente, continuó agravándose la situación económica de este país netamente petrolero, golpeado por la corrupción y la caída del precio del hidrocarburo, que ahora enfrenta sanciones financieras internacionales.

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La tensión aumentó particularmente a partir del 31 de marzo, cuando el TSJ resolvió atribuirse las funciones de la Asamblea Nacional, ya que esta estaba considerada "en desacato".

Fiscal crítica

Una de las piezas fundamentales en esta historia fue la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien hasta ese momento se mostró fiel a la Revolución Bolivariana, pero que se convirtió en una piedra en el zapato para el Gobierno de Nicolás Maduro.

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Ortega Díaz hizo al TSJ rectificar algunos aspectos de los decretos 155 y 156 que habilitaban al mandarlo a legislar y bloqueaba a la Asamblea Nacional, luego de unas polémicas declaraciones a la prensa sobre estas sentencias.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución", expresó Ortega Díaz, en la que sería su última declaración transmitida en vivo por el canal estatal Venezolana de Televisión.

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"OEA pal carajo"

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En abril, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó sucesivas reuniones para abordar la situación política de Venezuela, alegando una alteración de la democracia y de la división de poderes.

El 26 de ese mes y con protestas en las calles, el Gobierno anunció que iniciaría el proceso para retirarse de la OEA, por considerar como una acción "insolente" que se convoquen reuniones para hablar de su país, sin su autorización.

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"No reconocemos ninguna reunión, ninguna decisión de la OEA, que vulnere el derecho internacional e intervenga en los asuntos de Venezuela, somos libres de la OEA; ¡la OEA pal carajo!, ¡fuera la OEA de Venezuela!", afirmó Maduro en una movilización de mujeres revolucionarias realizada en Caracas el 27 de abril.

Protestas diarias

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A la par y casi a diario, la oposición comenzó a convocar protestas para exigir la remoción de los magistrados del TSJ, luego que este revisará las sentencias 155 y 156 y suprimiera varios aspectos de su contenido por orden del jefe de Estado.

Sin embargo, el tema central de las protestas cambió y estas se tornaron más violentas, después del 1 de mayo, cuando Maduro decidió convocar la creación de la ANC.

"Hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales, como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo convoquen una Asamblea Nacional Constituyente", anunció el mandatario.

Tres días antes del proceso electoral en el que se elegiría a los miembros de la Constituyente, el piloto Óscar Pérez, miembro de la policía científica, hurtó un helicóptero de la principal base aérea de Caracas y atacó al TSJ con cuatro granadas, exhibiendo una pancarta en la que llamaba a la desobediencia civil.

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Posteriormente, publicó varios vídeos con amenazas al Gobierno, advirtiendo que los comicios no se realizarían.

Hasta la fecha, Pérez no ha sido detenido.

Elección Constituyente

Luego de esos tres meses protestas que paralizaron varios estados de Venezuela y colapsaron diversos puntos del este y el oeste de la capital, causando destrozos y duros enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y los manifestantes, dejando 124 muertos y miles de heridos, se eligió la Constituyente.

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El domingo 30 de julio, la capital amaneció picada en dos: en el centro y oeste de la ciudad se realizaba el proceso electoral, signado por una fuerte presencia militar, y en el este las calles permanecían cerradas con barricadas y pancartas contra el proceso constituyente.

Los 535 miembros de este órgano, definido como un suprapoder, se eligieron solo entre candidatos oficialistas, debido a que la oposición decidió no participar, por considerar que la convocatoria debía hacerla la población a través de un referéndum consultivo y no el jefe de Estado.

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Por primera vez en al menos 25 años, Venezuela celebró un proceso electoral signado por la violencia política que en menos de 12 horas sumó 10 muertos y un ataque, también sin precedentes, en el cual resultaron heridos nueve funcionarios policiales cuando intentaban reprimir a manifestantes.

De acuerdo con un balance de la Organización de las Naciones Unidas, en esos meses de protestas murieron 124 personas, de las cuales 46 fueron por acción de las fuerzas de seguridad.

Pese a la intensidad de las protestas, y los llamados a impedir estos comicios, ocho millones de venezolanos participaron, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral.

Primeros pasos

La ANC se juramentó el 5 de agosto, y tras su instalación las protestas se dispersaron, pese a los intentos de la dirigencia opositora por reavivarlas.

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El primer acto de ese órgano, instalado para redactar una nueva Constitución y encabezado por la excanciller Delcy Rodríguez, fue destituir a la fiscal general Ortega y nombrar en su lugar a Tarek William Saab.

Saab, desde su llegada a la Fiscalía, comenzó una investigación que reveló una trama de corrupción dentro de la principal industria estatal Petróleos de Venezuela, la cual presuntamente era solapada por Ortega y su marido el diputado, Germán Ferrer; ambos huyeron del país.

Sanciones financieras

La instalación de la ANC y sus primeras decisiones despertaron el rechazo de la comunidad internacional y países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, México, EEUU y Canadá se niegan a reconocerla.

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Sumado a ello, Canadá, EEUU y la Unión Europea dictaron sanciones contra Caracas, mientras países como Rusia, China y Cuba, llamaron al diálogo nacional y se opusieron a cualquier injerencia extranjera en la situación interna.

Las medidas tomadas por la Casa Blanca fueron las que más golpearon a la ya maltrecha economía venezolana, afectada por la caída de los precios del crudo, que representa el 96% de sus ingresos.

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EEUU prohibió a sus ciudadanos y empresas cualquier renegociación de la deuda (que alcanza los 150.000 millones de dólares) o financiamiento al Gobierno venezolano, lo que llevó a Maduro a convocar a una reestructuración de pagos, ante la amenaza de un default.

Elecciones y diálogo

En medio de las sanciones y la caída del nivel adquisitivo de los venezolanos, el jefe de Estado y la ANC convocaron a una mesa de negociación, poniendo como principal punto, por parte del oficialismo, el cese de lo que fue calificado como "bloqueo financiero".

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En el marco de este diálogo, que comenzó el 13 de septiembre y cuyas reuniones se realizaron en República Dominicana, se celebraron dos procesos electorales.

En los comicios, el primero regional, celebrado el 15 de octubre, y el segundo municipal, el 10 diciembre, el oficialismo que parecía en picada logró reponerse ante la abstención opositora, y ganó terreno controlando 19 de 23 gobernaciones y 296 alcaldías de 335.

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Hasta la fecha se han realizado cinco reuniones en República Dominicana, dos de ellas con la presencia de garantes internacionales de Chile, México, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas.

El proceso de negociación continuará en 2018, pues las partes han fijado un nuevo encuentro para el 11 y 12 de enero.

En el intermedio de esta negociación, la Comisión de la Verdad de la ANC liberó a 40 detenidos por motivos políticos y se espera que en la próxima cita se explique en qué aspectos de los seis puntos que se debaten en la mesa se ha avanzado. 

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