Los datos del censo de Bolivia guiarán las propuestas políticas de las elecciones de 2025

Analistas consultados por Sputnik aventuraron los posibles efectos y usos que tendrá la información recabada en el censo nacional, tanto para el desarrollo de políticas públicas del Gobierno de Luis Arce, como para las propuestas de futuro que ideará la oposición.

Finalmente, el Gobierno de Luis Arce logró realizar el censo nacional con éxito y normalidad. Este procedimiento técnico parecía imposible de llevar adelante a finales de 2022, ante las férreas condiciones que intentaron imponer las autoridades de Santa Cruz, el departamento más grande del país tanto territorial como demográficamente. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informará en septiembre cuántos millones de habitantes tiene Bolivia.

El presidente Arce afirmó este lunes 25 de marzo que tener datos sobre la composición de la sociedad boliviana permitirá desarrollar mejores y más eficaces políticas públicas. En este sentido, destacó el trabajo preciso del INE: "Esa es la manera de construir el país, haciendo bien las cosas, mostrando que nosotros siempre hemos hecho bien las cosas como Gobierno nacional. Aquí tienen uno de los mejores censos, si no es el mejor de los censos que hemos hecho en toda nuestra historia del país", dijo.

El sábado 23, más de 525.000 censistas visitaron cinco millones de hogares en los nueve departamentos. El domingo 24 llegaron a las comunidades más alejadas. Según el INE, hasta este 25 recogieron todas las planillas censales para comenzar a procesarlas el martes 26 de marzo.

En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Arequipa adelantó que las ciudades de Santa Cruz de la Sierra (este) y El Alto, en La Paz, registrarán el crecimiento poblacional más grande desde la realización del último censo, en 2012.

Al margen de la utilidad para implementar políticas públicas, el analista mencionó lo determinantes que serán los nuevos datos de cara a las elecciones generales de 2025: "Conocer las condiciones de vida en términos socio-demográficos va a posibilitar que los políticos en Bolivia puedan construir mejores alternativas u opciones electorales", dijo.

Y agregó: "El hecho de que ellos ya cuenten con esos datos va a permitir que los partidos políticos construyan propuestas más aterrizadas y concretas para la población".

El factor Santa Cruz

El analista Emilio Rodas fue censado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde en 2022 se desarrolló un paro cívico de 36 días para exigir que el censo se realizara en 2023. Esta protesta terminó con la derrota del movimiento encabezado por el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, quien ese mismo año fue detenido por su participación en el golpe de Estado de 2019, que derrocó a Evo Morales (2006-2019).

Para Rodas, el paro impulsado por Camacho fracasó porque quedó aislado en la capital cruceña. En ningún otro departamento consideraron pertinente sumarse a la protesta.

"La demanda inicial era supuestamente por la realización del censo en 2023, pero al final eso no prosperó ante una respuesta nula de parte del Gobierno, que no cedió al capricho. Hubo múltiples mesas de diálogo en las que los personeros de Santa Cruz sabotearon o se retiraron de la reunión", recordó el analista.

El Gobierno de Luis Arce sostuvo en todo momento que, técnicamente, el censo se podía realizar en marzo de 2024. No daban los tiempos para que fuera en 2023.

Según la teoría conspirativa avalada por Camacho y otras autoridades de instituciones cruceñas, el Gobierno de Luis Arce quería realizar el censo en 2024 para que los datos no estuvieran procesados en 2025, cuando se desarrollarán las próximas elecciones generales.

Al no considerar el aumento poblacional que tuvo este departamento desde el censo de 2012, Santa Cruz se quedaría con menos asambleístas que lo correspondiente, de acuerdo con esta teoría que no se hizo efectiva. El Gobierno de Arce se comprometió a incluir los nuevos números para distribuir los escaños en los espacios legislativos a partir de 2025.

En los días previos al censo, Rodas observó que parte de los migrantes de Santa Cruz (muchos de ellos provenientes de Cochabamba, Oruro y Potosí) regresaron a sus departamentos para registrarse donde nacieron.

"Es una cuestión que se debe analizar sociológicamente. Días antes del censo, muchas personas retornaron a sus lugares de origen. Eso puede dejar algunas diferencias con los resultados esperados. Puede que finalmente no se registre el número exacto de pobladores que hay en Santa Cruz", lo cual repercutiría en las políticas públicas locales, consideró Rodas.

Un acontecimiento técnico

El censo de 2012 contabilizó 10 millones de habitantes en Bolivia. Según un informe del Banco Mundial (BM), hasta 2021 la cifra llegaba a 12 millones.

Arequipa destacó que Bolivia "está viviendo un acontecimiento histórico técnico, no político. Porque este censo, a diferencia de los anteriores, ha sido politizado sobre las condiciones para su realización. Pero la población al final ha decidido que se realice, no los políticos".

Y evaluó: "Necesitábamos tener un proceso censal en tranquilidad, que pudiera relevar la mayor cantidad de información sobre cuántos somos y cómo vivimos, la calidad de vida que tenemos en el país".

Arequipa comentó que el paro indefinido de 36 días en Santa Cruz debilitó políticamente a la oposición local: "Desde ese momento hasta el día de hoy ellos no han podido tener éxito. El criterio técnico terminó por imponerse y predominar por encima de otros criterios de cálculo político. Realizamos el censo en las fechas acordadas técnicamente".

Para Rodas, la derrota de la oposición liderada por Camacho marcó el final de una etapa política: "Se desarticuló todo un movimiento que había construido cierto liderazgo desde 2016", cuando se realizó un referéndum en el cual triunfó el "No" a una nueva postulación presidencial de Evo Morales.

Este movimiento opositor se consolidó en el golpe de Estado de 2019, cuando impugnó las elecciones a las cuales Morales se terminó por presentar, desoyendo el resultado del referéndum de 2016.

El capital político acumulado por la oposición de Camacho quedó desacreditado con el paro de 36 días, dado de baja en noviembre de 2022. En diciembre del mismo año fue capturado el gobernador cruceño, quien fue recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, sin que alzaran la voz las instituciones cruceñas, debilitadas por el infructuoso paro, recordó Rodas.

En ese momento, "la dirigencia cruceña entró en crisis. Quedó sin cabeza, sin alguien capaz de contestarle directamente al Gobierno. Porque ya con Camacho preso pasó como dice el dicho: 'Muerto el perro, muertas las pulgas'. Ya no hay movimientos ni hay levantamientos", evidenció el analista.

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