La Policía española destapa un fraude de más de €3 millones a la Seguridad Social

MOSCÚ (Sputnik) — La Policía Nacional de España descubrió que 22 empresarios de la sureña provincia de Sevilla, estafaron a la Seguridad Social más de 3 millones de euros en diferentes ámbitos, informó el Ministerio del Interior del país.

"La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo en la provincia de Sevilla una operación contra el fraude a la Seguridad Social en sectores tan diversos como la jardinería, la limpieza de edificios, la hostelería, el transporte de mercancías por carretera y el reciclado (...) cuantificándose el fraude en un total de 3.420.718 euros", señala el comunicado.

Los agentes "pudieron determinar la participación delictiva de 22 personas", de las que 13 fueron detenidas y "otras nueve están siendo investigadas por seis delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y estafa procesal".

Las investigaciones comenzaron en agosto, cuando la Seguridad Social alertó de irregularidades cometidas por los administradores de distintas empresas ubicadas en las ciudades de Sevilla, Dos Hermanas y Marchena, con el fin de ocultar los beneficios y eludir sus obligaciones de pago.

"Los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social", explicó el ministerio.

Entre las empresas investigadas hay tres del sector de la limpieza y jardinería gestionadas por el mismo administrador que, debido a su fraude, podían reducir costes frente a los competidores, los cuales cumplían con la cotización a la Seguridad Social.

"Cuando las empresas acumulaban una deuda que superaba la cantidad considerada delito, se utilizaban en paralelo otras mercantiles con las que continuar con la actividad con la misma dinámica de no hacer frente al pago de los seguros sociales", detalló.

Según el ministerio, en esas empresas existía un claro ánimo defraudador por parte del administrador y una manifiesta falta de voluntad de pago.

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