¿Por qué no remite la creciente y billonaria deuda pública española? "Es la cuadratura del círculo"

Pese a recaudar más que nunca en 2022, la presión fiscal sigue tres puntos por debajo de la media europea y los ingresos no frenan el aumento de la deuda pública, que supera los 1,5 billones. El fin del escudo social disparará la inflación. La figura del trabajador empobrecido provoca "insuficiencia recaudatoria", explican economistas a Sputnik.

Las cuentas macroeconómicas de España arrojan datos que invitan a la reflexión, pues conjugadas con la crisis larvada que entraña la próxima derogación de varias de las medidas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar la crisis inflacionaria desatada desde 2022, pueden anticipar el empeoramiento de la situación socioeconómica del país.

Según datos oficiales del Banco de España, la deuda pública frente al PIB nacional al término del tercer trimestre se situó en 1.577. 732 millones de euros. Es decir, más de un billón y medio. En septiembre (último mes sobre el que hay datos) el incremento se cifró en 14.448 millones. En cinco años, desde 2018, la deuda aumentó en 359.882 millones de euros, lo que equivale a un incremento diario de unos 208 millones. Hasta septiembre, los ingresos tributarios han caído algo más de un 10% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el fisco registró una recaudación de récord.

Aunque el Estado ha podido proveerse de más dinero que nunca (sobre todo en 2022, cuando recaudó algo más de 515.000 millones de euros), España continúa estando 3,6 puntos por debajo del promedio de la UE en cuanto a ingresos por impuestos y contribuciones sociales del PIB, de acuerdo con las cifras que maneja Eurostat.

En concreto, España habría necesitado en 2022 recaudar 48.000 millones más para alcanzar la presión fiscal media europea, cifrada en un 41,9% respecto al PIB. España se quedó en el 38,3%. Aun así, la brecha se ha recortado tres puntos porcentuales desde 2018. Tras la pandemia, esto fue posible por la recuperación económica y del empleo, la mejora del consumo y… por la inflación.

La inflación como vía de recaudación fiscal

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación ha bajado en noviembre, tres décimas respecto a octubre hasta situarse al 3,2% en noviembre, debido al abaratamiento de carburantes y electricidad. Pero han sido precisamente sus altos niveles desde 2022 los que han procurado al Estado ingresos adicionales vía impuestos. Y esta es una de las claves por las que la fiscalidad se ha mantenido más o menos baja.

"Puede haber previsiones de aumentar la recaudación con el crecimiento, porque un crecimiento con inflación aumenta la recaudación sin necesidad de aumentar la presión fiscal", explica a Sputnik el economista y divulgador Fernando Luengo, que advierte que los tipos de interés no bajarán hasta que no haga lo propio la inflación, cuyo nivel sigue estando "muy lejos" de lo que quisieran los bancos centrales.

A su juicio, el peligro de la situación actual radica en el exiguo crecimiento económico, del que se espera una reducción en 2024 y 2025. "¿Qué va a pasar entonces con la deuda, que sigue siendo muy grande?", se pregunta Luengo, antes de asegurar que, en esta situación, la UE volverá "a las andadas".

Y volver a las andadas significa hacer "lo que diga Bruselas", afirma en declaraciones a Sputnik el también economista y autor Santiago Niño-Becerra, convencido de que a España le van a volver a dictar la política económica desde el seno de la UE. "Ordenarán recortes de gasto público, incrementos de impuestos y eliminación de subvenciones", detalla.

Tal panorama supondrá volver a subir el IVA de la electricidad y los alimentos básicos, así como la retirada de los descuentos para viajar en transporte público. Se estima que el fin de estas subvenciones incrementará las facturas de los hogares en unos 10.000 millones de euros.

"El impacto en el IPC [Índice de Precios al Consumo] de la reversión de todas las medidas se puede estimar en 1,5 puntos sobre la tasa de inflación. Para estas previsiones, se ha supuesto que un poco más de la mitad de este impacto tendrá lugar en 2024", se concluye al respecto en el panel de previsiones de la economía española de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas).

Gasto público y conflicto interministerial

El Banco de España también ha dado la voz de alarma ante el elevado volumen de la deuda pública, que amenaza con volverse inmanejable. El regulador también pide recortar el gasto público en 2024 y 2025 para reducir el déficit presupuestario. Durante una conferencia en Hong Kong, el gobernador de la institución, Pablo Hernández de Cos, aseguró que es "absolutamente crucial" aplicar un ajuste fiscal para paliar el aumento "significativo" de la deuda y de los desequilibrios presupuestarios.

Mientras los recortes se atisban en el horizonte y atendiendo al dato adelantado de la inflación de noviembre, el Ministerio de Seguridad Social prevé que las pensiones subirán en España un 3,8% para compensar el alza de precios. Las pensiones mínimas y las no contributivas lo harán un 6,8%. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo propone extender el subsidio por desempleo a personas menores de 45 años sin cargas familiares. Se trataría de 152.000 beneficiarios más, a añadir a los 800.000 ciudadanos que, entre la masa de 2,7 millones de desempleados, ya perciben estas ayudas.

Esta propuesta explicaría la tensión de este ministerio con el de Economía, más partidario de subsidios decrecientes y de controlar el compromiso de vuelta a la actividad de las personas desempleadas. Ante esta situación potencialmente conflictiva entre los dos ministerios, explica Fernando Luengo, "todo o casi todo se fía al diálogo social". Pero en ese diálogo, "los empresarios van a tener una voz importante", añade. A su juicio, "las patronales harán todo lo posible por dinamitarlo", en el sentido de contribuir a un acortamiento de la legislatura y forzar unas nuevas elecciones.

Cuadrar el círculo de la deuda

"Es la cuadratura del círculo". Así define Fernando Luengo el problema de la deuda española, que podría agravarse si el BCE dejara de financiarla y no se acomete una reforma fiscal progresiva. Es decir, que las rentas más altas tributen más.

"Si se quiere gastar más y no se habilita una estrategia que consista en recaudar más con criterios de progresividad, cosa que no va a terminar de hacer el Gobierno, la pregunta que cabe hacerse es qué va a hacer entonces. Porque en la UE se va a volver al Pacto Fiscal, dado que hay países que piensan que ha habido mucha laxitud presupuestaria", advierte Luengo.

La propia estructura económica de España en el ámbito laboral es un factor de desestabilización que complica la solución, añade Niño-Becerra. "El factor trabajo en España lleva décadas empobreciéndose", explica y, de resultas, "el 16% de las personas ocupadas con contrato legal son oficialmente pobres". La interpretación política de los datos del mercado laboral, donde los contratos a tiempo parcial obran que una persona aparezca en las estadísticas como plenamente ocupada, posibilita un cómputo que no refleja exactamente la realidad.

"La figura del ‘contrato fijo discontinuo’, potenciado para reducir la temporalidad, ha creado una figura absurda: una persona inactiva, porque le han dicho que ya no es necesaria, pero que no consta como desempleada a pesar de que perciba el subsidio de desempleo", recuerda.

Niño-Becerra alude a estimaciones de BBVA Research que cifran entre 350.000 y 500.000 las personas que pueden hallarse en tal situación. "Todo esto aumenta el gasto público y drena la recaudación fiscal, a pesar de que la inflación ha hecho que los ingresos fiscales aumenten en España", asegura. España padece históricamente de "insuficiencia recaudatoria e insuficiencia de demanda de trabajo", pero el mayor problema sigue siendo su "bajísima productividad".

Según Caixabank Research, recuerda este economista, la productividad del país equivale al 76% de la de la Eurozona y al 63% de la de Alemania. Y de acuerdo con un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), España lleva 50 años ocupando las mismas posiciones en cuanto a renta per cápita y productividad en el marco de países de la OCDE.

"España tiene una estructura de PIB basada en el bajo y medio valor añadido, y un modelo productivo en el que la productividad total de los factores desempeña un papel muy bajo. Y una baja productividad —concluye Niño-Becerra—, supone salarios bajos, insuficientes cotizaciones sociales y da lugar a presiones fiscales bajas a no ser que el Gobierno de turno quiera protestas sociales. Una vía sería perseguir con más ahínco el fraude y la elusión fiscal, pero en Europa no hay tal voluntad".

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