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Cese de investigación de CPI en Colombia da un espaldarazo a tribunal de paz

© AP Photo / Mike CorderSede de la Corte Penal Internacional
Sede de la Corte Penal Internacional - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2021
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BOGOTÁ (Sputnik) — El cierre de la investigación preliminar a Colombia que la Corte Penal Internacional (CPI) llevaba desde 2004 por crímenes de guerra fue celebrado por el Gobierno, pese a que significa un espaldarazo al tribunal de paz que criticó.
"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales, al igual que sus obligaciones reglamentarias, con base en el principio de complementariedad, y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar", dijo Karim Khan, el fiscal del órgano judicial internacional con sede en la Haya.
El principio de complementariedad con el que funciona la CPI implica que esta actúa en el país, en el caso de que la justicia nacional no pueda o no tenga la voluntad de hacerlo.
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Khan hizo el anuncio en Bogotá, en el marco de una visita de una semana, que incluyó reuniones con el presidente Iván Duque, así como con representantes de Altas Cortes, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC).
Justamente, el miércoles, Khan se declaró "admirador" de esa jurisdicción, un impulso internacional al órgano judicial que ha sido duramente criticado por el partido de Gobierno, el oficialista Centro Democrático.

Objeciones

A comienzos de su mandato, el propio Duque presentó unas objeciones a la Ley Estatutaria que creaba la JEP. Los reparos fueron, sin embargo, rechazados por la Corte Constitucional.
Igualmente, el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), ha manifestado en varias ocasiones desconocer la legitimidad de la JEP, así como de otras instituciones surgidas del acuerdo, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UPBD).
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, interviene durante una rueda de prensa en el tribunal de Jurisdicción Especial para la Paz en Bogotá, Colombia, el 27 de octubre de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 28.10.2021
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En agosto pasado, por ejemplo, afirmó que una de las razones para ello era el "desconocimiento del plebiscito".
El Centro Democrático lideró la campaña por el "No" en 2016, tras la firma de un primer texto con las FARC, cuando se les preguntó a los colombianos, a través de un plebiscito, si estaban de acuerdo con lo negociado.
Tras la victoria de este sector político, el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) convocó a sus líderes para llevar sus inquietudes a la mesa de negociación.
Aunque se introdujeron modificaciones al primer texto, los opositores dijeron que se había desconocido su voluntad. Los cambios fueron "atentatorios contra el Estado de Derecho porque no hubo otro plebiscito, otra consulta popular", afirmó Uribe al respecto.
 Karim Khan, fiscal de la CPI - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2021
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Incluso, a comienzos de octubre, la precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó las cifras reveladas por la JEP sobre las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por miembros del Ejército colombiano.
"Los 6.402 falsos positivos (como se le llama en Colombia a estos crímenes) son un invento", declaró durante un foro de aspirantes de la colectividad.
Y agregó: "El presidente de la JEP no publica la lista (de civiles ejecutados) para demostrarle que es falso", insistió.
Según el tribunal de paz colombiano, a esa cifra asciende la cantidad de colombianos que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate por parte de uniformados, para obtener beneficios dentro del cuerpo.

Prevenir interferencias

El cese de las investigaciones para determinar si la CPI actuaba en Colombia o no estuvo sujeta, sin embargo, a la firma de un acuerdo de cooperación entre la CPI y el Gobierno.
"El Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz (creado por el proceso de desmovilización de paramilitares de extrema derecha en 2006) y la Jurisdicción Especial para la Paz", reza un apartado del texto.
El compromiso implica salvaguardar "su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; asignar el presupuesto necesario para su implementación; y prevenir cualquier interferencia con sus funciones".
Iván Duque, presidente de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 27.10.2021
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El documento fue interpretado por el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, como un "voto de confianza" a esa institución, y también como una advertencia.
"El proyecto que ha radicado el Centro Democrático en el Congreso para alterar la estructura de la JEP (…) es una afrenta directa a este acuerdo. Un proyecto de esos inmediatamente pondría en acción a la CPI", dijo Cifuentes en rueda de prensa.
Uribe había anunciado meses atrás un proyecto de ley para modificar el tribunal de paz colombiano.

Gana-gana

Pero la decisión de la Fiscalía de la CPI significa también una victoria "para el Gobierno por su gestión y movida diplomática", dijo en entrevista con la Agencia Sputnik Juan Pablo Hinestrosa, profesor en Derecho Internacional de la Universidad Externado de Colombia.
De hecho, en su discurso tras la firma del acuerdo de cooperación, Duque afirmó que el cierre del examen preliminar era un reconocimiento al "esfuerzo" de Colombia para "tener una Fiscalía General de la Nación robusta, sólida, independiente y eficaz", así como "los esfuerzos en el proceso de Justicia y Paz y los avances recientes de tener una justicia transicional que despliega sus capacidades y que debe asegurar principios de verdad, justicia, reparación y no repetición".
Bandera de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 25.10.2021
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Igualmente, para la CPI, la JEP está "dando resultados, a pesar de que aún no tiene sentencias", agregó el experto.
El tribunal de paz colombiano agrupó los delitos cometidos en el conflicto en los "macrocasos" de la toma de rehenes de las FARC, las ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, el exterminio de miembros de la Unión Patriótica (partido de izquierda cuyos miembros fueron asesinados a lo largo del país desde la década de 1980), y el reclutamiento de menores de edad.
En cuanto a hechos según ubicación, la JEP creó un "macrocaso" para Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (departamento de Nariño, suroeste); otro para la región de Urabá (noroeste); y uno en el norte del departamento del Cauca y sur del Valle del Cauca (suroeste).
En una entrevista reciente con esta agencia, el presidente de la JEP aseguró que, probablemente, a finales de este 2021 se darían las primeras sentencias sobre el conflicto armado colombiano en ese órgano judicial.
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