Conflicto del Gobierno con productores sojeros en Bolivia: ¿cuál es el trasfondo?

Luego de una semana manteniendo cerrados los caminos de Santa Cruz, los empresarios sojeros decidieron armar mesas técnicas con el Ministerio de Desarrollo Rural. Sputnik conversó con dos especialistas para entender el contexto de las demandas de los productores —que incluye el alto precio global de la soja— y el poder real de estos sectores.

El Gobierno de Luis Arce enfrenta un conflicto con los productores sojeros de Santa Cruz de la Sierra (este), quienes el 22 de febrero iniciaron una protesta para que se les permitiera exportar más, en desmedro del consumo interno.

"El conflicto que hay entre el sector sojero y el Gobierno no es nuevo. Es un conflicto que se viene reproduciendo año tras año. Fue muy fuerte en 2019, hubo problemas en 2020 y hoy estamos otra vez", comentó a Sputnik Alcides Vadillo, abogado especializado en derechos de la tierra y de los pueblos indígenas, y director de la oficina oriental de la Fundación Tierra.

Luego de seis días de bloqueo de todas las carreteras departamentales, actualmente la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) lleva adelante mesas técnicas con el Ministerio de Desarrollo Rural, con el objetivo de alcanzar acuerdos. El elevado precio internacional de la soja, que llegó a 516 dólares la tonelada, detonó esta protesta.

Las imágenes de las manifestaciones de la ANAPO mostraban a campesinos cortando las rutas con sus tractores y camiones. Pero ¿son ellos los grandes agroindustriales de un peso político determinante en el país? En los últimos años, esta asociación que tradicionalmente representó a los mayores productores comenzó a incorporar a miles de campesinos que cultivan a pequeña escala, hasta 50 hectáreas de soja.

Ante las restricciones gubernamentales a las importaciones y el control de los precios internos, los pequeños productores se consideraron tan afectados como los grandes. Frente a este panorama, el Gobierno nacional negocia con la mirada puesta en garantizar la disponibilidad de soja para los sectores ganaderos y avícolas, que la utilizan para dar de comer a sus animales.

También tiene que ofrecerse a un precio justo en el mercado nacional, porque si aumenta la comida de los animales de granja, ese costo se trasladará al producto final, con lo cual aumentarían los precios de los alimentos, en desmedro de la población boliviana.

Un enfrentamiento periódico

"La franja de precios como una política de control del costo de los productos agrícolas es una medida que se implementa desde 2007. Y no es solo para la soja, también la tienen la carne, el aceite, el azúcar", aclaró Alcides Vadillo.

"Hay permisos para exportación, pero hay que garantizar una banda de precio, un stock a nivel nacional que garantice no solo el abastecimiento interno, sino también que los precios se mantengan dentro de esa banda que el Gobierno establece", explicó.

Vadillo comentó que "cuando en el mercado global estos precios están más altos, pues a los productores les interesa exportar. Hasta cierto punto es lógico, porque es ganancia". De la misma manera, cuando los precios bajan en el plano internacional "los productores piden al Estado que los socorra, subvencionando precios, negociando pagos de deudas", dijo.

Según la franja de precios, el 40% de la soja debe permanecer en el mercado nacional, contó Vadillo. Dentro de Bolivia, "la torta de soja tiene un precio tope de 280 dólares la tonelada. Pero en el mercado internacional está arriba de los 500 dólares, por lo cual hay más de 200 dólares en juego", dijo.

El directivo de la Fundación Tierra indicó que la ANAPO "en un principio quiso hacerlo ver como un conflicto entre el Gobierno con los productores sojeros, pero en realidad hay otros actores". Están los productores avícolas, que producen huevo y carne de pollo. También los productores lecheros, que alimentan con soja a las vacas, lo mismo que los porcicultores.

Según Vadillo, la posición de la ANAPO le generó enfrentamientos con avicultores, ganaderos, lecheros y criadores de cerdos. Por ello se encuentra en debilidad para negociar con el Gobierno. Entonces no le quedó otra opción más que levantar los bloqueos y abrir mesas técnicas con el Ministerio de Desarrollo Rural.

"En el fondo, lo que se busca es un compromiso del Gobierno para que el próximo año las reglas de juego sean diferentes", analizó el abogado cruceño.

Las peleas entre los rubros productivos "ha permitido al Gobierno hacer una jugada mucho más ágil para no ceder a las presiones frente al bloqueo. Y los sojeros han tenido que suspender la medida, en busca de un proceso de negociación porque han perdido su alianza con los otros sectores agropecuarios", contó.

La base social de la agroindustria

"Como consecuencia del proceso de reforma agraria [iniciado en 1952], en Bolivia tenemos una gran cantidad de pequeños productores. Según datos de la Fundación Tierra, hay 13.000 productores de soja, de los cuales 11.000 son pequeños productores, que no tienen más de 50 hectáreas de tierra", graficó Vadillo.

Esto quiere decir que el 80% de los campesinos producen a pequeña escala. Ellos solamente aportan el 20% de la soja boliviana. El otro 20% de productores medianos y grandes cultivan el 80% de la leguminosa. "Es más: hay un 3% que produce cerca del 60%", afirmó Vadillo.

Detalló que "hay un actor que siempre quiere ser invisible en estos conflictos: es el sector industrial. Son 13.000 productores de soja, pero son prácticamente siete las empresas que comercializan el 100% de la soja".

Estos "tiburones" pagan al productor al precio de los mercados de Chicago y de Rosario, menos 100 dólares la tonelada, "porque supuestamente es lo que ellos gastan en el transporte para sacar la soja hasta los mercados internacionales".

Vadillo agregó que "de estas siete empresas, solo una es de capitales bolivianos. Las otras son de capitales internacionales: hay norteamericanas, hay venezolanas, hay peruanas y brasileñas. La mayoría de ellas tienen prácticas monopólicas y concentran importantes eslabones de esta cadena productiva y comercial".

Según datos de ANAPO, en 2018 se produjeron 4.495.000 toneladas de soja. El 75% fue destinado a la exportación en torta de soja, aceite en bruto, aceite refinado, harina de soja y grano, por un valor de 800,3 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), citados en un informe del Centro de Promoción e Investigación del Campesinado (CIPCA).

De acuerdo con ese estudio, la soja es el tercer producto más exportado del país, después del gas natural y el zinc, aportando el 8% del Producto Interno Bruto (PIB). El 25% restante de soja se queda en el mercado interno.

Grandes acumuladores

Para la investigadora especializada en forestería comunitaria Alicia Tejada Soruco, las empresas que controlan el mercado "son oligopolios, que también tienen silos inmensos donde juntan cosechas anteriores. Por su capacidad económica y por su enorme capacidad tecnológica han sido capaces de acumular las cosechas", las cuales comercializan cuando consideran que el precio internacional les resulta favorable.

Que la soja iba a escalar en su precio se sabía desde noviembre del año pasado, cuando Brasil (productor del 54% a nivel mundial) anunció que tendría que importar esta leguminosa, porque la producción propia no le alcanzaba.

"Ahora Brasil no ha podido producir en la cantidad que preveía, porque está en crisis, incluso ambiental por los incendios en la Amazonía", dijo Tejada. Pero aclaró que estos precios suben y bajan constantemente: "La pasada gestión la soja fue vendida por los productores en precios bajísimos", aseguró.

Tejada profundizó en los daños ambientales que causa este monocultivo, que cubre millones de hectáreas también en Argentina, Paraguay y Uruguay. "Tiene efectos muy negativos para los montes, para la vida silvestre y también para la calidad de los suelos. Esta dependencia hacia una commodity provoca extractivismo puro", enfatizó.

Al principio de su mandato, el presidente Arce "ha declarado que la producción agropecuaria durante su Gobierno se va a realizar sin tumbar un solo árbol, respetando los montes. Esperemos que eso se legisle, se norme, se reglamente y se aplique", expresó Tejada.

Transgénicos en Bolivia

En 2005, el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005) aprobó por decreto el cultivo de un tipo de maíz transgénico. Actualmente los productores dicen que esa semilla es muy antigua y exigen al Gobierno la legalización de otras clases de organismos genéticamente modificados de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soja

La presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020), que obedecía a los agroindustriales cruceños, aprobó por decreto estos cultivos. Pero Arce al asumir dio marcha atrás con la iniciativa. "Por un lado nos dicen que los transgénicos nos van a permitir producir más y mejor. Pero por otro lado demandan seguir desmontando, quemando, produciendo incendios", como los registrados en la región cruceña de la Chiquitanía en 2019 y 2020.

El decreto de Áñez fue "una irresponsabilidad cometida por un Gobierno que debía ser transitorio y no adoptar políticas de este tipo. Se aprovechó que había un Gobierno transitorio para que los representantes del sector sojero extractivista de Bolivia sean parte de ese Gobierno y elaboren sus normas de acuerdo a los intereses de este sector y no de los bolivianos", comentó Tejada.

Para la investigadora, la exigencia de legalizar más transgénicos "va a ser la segunda demanda al Gobierno, después de estos bloqueos de los sojeros".

Para alcanzar sus deseos, los agroindustriales ahora tienen una formidable base social, como lo demostraron en los primeros días de protesta en las rutas. "Ellos han logrado asociar en sus instituciones a miles de pequeños productores que forman parte de esta cadena", evidenció Tejada.

"La ANAPO que conocíamos, que incluía solo a los grandes productores, ya no es la misma", explicó. Lograron afiliar a tantos campesinos "porque les ofrecen enormes facilidades. Un pequeño productor, abandonado por el Gobierno, recibe semillas, agroquímicos, asistencia técnica y hasta le compran la producción. Esa es una enorme oportunidad para los campesinos, quienes generalmente no tienen apoyo técnico, ni mercado, ni acceso a tecnología", sostuvo Tejada.