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Prefecta ecuatoriana asegura que la Fiscalía no ha demostrado una supuesta rebelión contra Lenín Moreno

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QUITO (Sputnik) — La prefecta de la provincia ecuatoriana de Pichincha (norte), Paola Pabón, aseguró que la Fiscalía no ha probado un supuesto intento de derrocar al presidente Lenín Moreno durante las protestas que sacudieron a Ecuador en octubre del año pasado.
"Esperamos (…) nuestro sobreseimiento definitivo porque en 120 días de instrucción fiscal jamás se demostró un solo elemento para que se pueda concluir que hubo un intento de derrocamiento del gobierno o un desconocimiento de la Constitución", dijo Pabón, quien está acusada del delito de rebelión durante las protestas de octubre.

Según la funcionaria, la acusación es por haber hecho uso de la libertad de expresión y por pensar diferente.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha - Sputnik Mundo
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Prefecta de provincia ecuatoriana de Pichincha espera sobreseimiento en caso de rebelión
El 24 de agosto, en la Corte Provincial de Pichincha, se reanudó la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Pabón y otras dos personas.

El código integral penal de Ecuador tipifica la rebelión como delito contra la Constitución política y el gobierno legítimamente constituido, y lo sanciona con penas que van de siete a 10 años de cárcel.

Vladimir Jhayya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha y quien lleva adelante el proceso, anticipó que pese a estar facultado por ley para limitar las intervenciones de las partes, permitirá a los acusados ejercer su legítimo derecho a la defensa sin limitación alguna.

El magistrado deberá decidir entre llamar a juicio o declarar sobreseídos a los tres procesados.

Paola Pabón: "el Gobierno de Ecuador ha priorizado la persecución política y no los grandes problemas del país"
Jhayya aseguró que su resolución estará ajustada al derecho y que se acogerá a los aportes procesales que realicen las partes.

Pabón, perteneciente al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue detenida el 14 de octubre dentro de una investigación por los actos de violencia registrados durante una oleada de protestas contra un decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y que posteriormente fue derogado por el presidente Moreno.

En diciembre, un juez dispuso la libertad de la funcionaria y los otros dos procesados, pero con medidas cautelares como el uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país, entre otras.

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