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La Generalitat de Cataluña aprueba un decreto ley para actuar "con contundencia" ante rebrotes

© AP Photo / Manu FernandezQuim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña
Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña - Sputnik Mundo
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La medida viene después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no aceptara el 13 de julio la anulación judicial del nuevo confinamiento de la ciudad de Lleida y en un total de siete municipios de la provincia homónima —en la comarca del Segrià—.

El Govern aprueba un decreto ley que faculta a la autoridad sanitaria para adoptar las medidas necesarias en situaciones de pandemia. Después de la aprobación de este Decreto Ley, el 14 de julio se dictará una nueva resolución con medidas específicas para la comarca del Segrià. Además, se pedirá de nuevo la autorización en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida para que otorgue toda la protección legal a las medidas que se han adoptado.

​Según el presidente de la Generalitat, el confinamiento es para proteger a los ciudadanos ante la propagación del coronavirus.

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"No podemos entender que puedan haber obstáculos burocráticos cuando se toman decisiones por la salud de las personas". Quim Torra ha asegurado que "no acepta" la decisión judicial que ha rechazado el confinamiento parcial en el Segrià y ha indicado que asumirá las "consecuencias que se deriven de no poner en peligro la salud de las personas".

El nuevo decreto ley sobre el plan de rebrotes estipula "el régimen de medidas que se aplicará en las poblaciones según los indicadores de contagio" y "regulará en qué supuestos concretos el Govern adoptará medidas que impliquen la restricción de derechos y libertades, como la de movimiento".

Recordemos que el 13 de julio la Justicia paralizó la orden del Govern de Cataluña de confinar a unas 160.000 personas que viven en Lleida y en siete municipios de la comarca del Segrià para frenar los contagios de coronavirus. La Justicia se opone a la medida anunciada por las autoridades catalanas al considerar que contempla restricciones propias del estado de alarma, una herramienta que solo puede ser autorizada por el Gobierno de España, y que es "desproporcionada" en vista de los datos de contagio en la zona.

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