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La violación de una niña indígena por militares, lejos de ser un caso aislado en Colombia

© AP Photo / Fernando VergaraLos militares colombianos
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Las 14 comunidades del resguardo indígena Dokabu de Pueblo Rico, en el departamento colombiano de Risaralda (noroeste), han cerrado el paso a foráneos y militares. Los más de 5.000 habitantes del lugar tomaron la medida ante el secuestro y violencia sexual perpetrada por militares a una niña. Piden aplicar Justicia Indígena. El caso no es aislado.

El pasado 21 de junio una niña de 13 años de la comunidad Embera Chamí salió de casa para comprar frutas y no regresó. Al día siguiente fue encontrada sola y llorando a las orillas de un río cercano. Está bajo protección de Bienestar Familiar en Pereira; su familia viajó desde Pueblo Rico para acompañarla y apoyarla en la capital del departamento. 

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"La niña fue muy valiente, porque apenas la encontraron de inmediato le contó a la familia lo que le había pasado", dijo un líder comunal de la zona a El Tiempo. El testimonio de la niña se sumó a las más de 40 evidencias que consiguió la Fiscalía para judicializar a siete militares por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. 

Los soldados —que prestaban el servicio militar obligatorio en el Batallón San Mateo—, están detenidos en una unidad militar, no en la cárcel, mientras esperan condena. Los cargos que se les imputan podrían privarlos de libertad hasta por 30 años. Tres días antes del crimen, el Congreso aprobó la cadena perpetua para personas condenadas por violación y asesinato de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la pena no será aplicada a los siete militares porque no ha sido reglamentada. 

Los imputados aceptaron los cargos, lo cual desató una nueva polémica. La comunidad indígena señala que antes de la violación, la niña fue secuestrada por los militares. La Fiscalía explicó que se imputó el delito que correspondía a las evidencias recolectadas. La directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, indicó que la investigación no ha terminado y que si las evidencias lo permiten se podría realizar una nueva imputación de cargos. 

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La Organización Nacional Indígena de Colombia pidió que los culpables sean entregados a la Justicia Indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria.

Según las comunidades indígenas, este no es el único caso de violación que se ha registrado en la región. En Risaralda ya había ocurrido otro caso de violencia sexual perpetrado por las fuerzas represivas. 

"La Fuerza Pública abusó de mujeres indígenas, pero en ese momento [hace unos 12 años], por la violencia que teníamos, no fue tan público, no se denunció, pero al interior de las comunidades sí se reflejó. A las autoridades nos tocó quedar callados", dijo a El Tiempo Raúl Guasiruma, líder en derechos humanos del Resguardo Unificado Embera Chamí. En ese entonces fueron varias las mujeres adultas que sufrieron el abuso sexual de militares. Guasiruma agregó que nadie denunció por miedo.

"No se pudo corroborar o investigar qué fue lo que había sucedido allá en esa época. La gente estaba tan atemorizada, o tan confinada con el conflicto, que no podía hablar mucho, estaba entre la espada y la pared", dijo el líder indígena.

En 2008 la Corte Constitucional de Colombia había advertido que que la violencia sexual contra las mujeres "es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexual por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados y, en algunos casos, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública".

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Estos casos de violencia sexual infantil no son aislados en el país. Entre enero y mayo de 2020 Medicina Legal realizó exámenes a 6.749 niñas, niños y adolescentes en procesos por abuso sexual, según publicó el periódico colombiano.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que desde que el Gobierno Nacional decretó la cuarentena el 25 de marzo, se han iniciado 3.619 procesos de restablecimiento de derechos por casos de violencia sexual contra niñas, y 364 contra niños.

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