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    BOGOTÁ (Sputnik) — El gobernador del resguardo indígena colombiano Gito Dokabu–Embera kati, Juan de Dios Queragama, exigió a las autoridades que entreguen ante esa comunidad a un grupo de militares involucrados en un caso de secuestro y abuso sexual a una menor de esa etnia para que sean juzgados bajo las leyes indígenas.

    "Exijo, como autoridad mayor, que los agresores sean entregados para que desde nuestra propia autoridad y autonomía puedan ser juzgados, y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes", dijo Queragama en rueda de prensa virtual a través de Facebook Live coordinada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

    El secuestro y posterior violación de la menor, de 12 años, sucedió en el corregimiento (aldea) de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico (Risaralda), y en el hecho están involucrados ocho soldados entre 18 y 21 años adscritos al Batallón San Mateo que prestaban el servicio militar obligatorio en esa jurisdicción del país, donde están asignados para brindar protección a las comunidades, entre ellas las indígenas.

    "Esto no solo es una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y miembro de un pueblo ancestral, sino que ha sido una agresión para todo nuestro pueblo Embera Katío y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado", añadió el gobernador.

    Respecto a la solicitud de las autoridades indígenas, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, señaló que la denuncia fue interpuesta ante la justicia ordinaria y que por ello se seguirán "los parámetros que a esto corresponde", y advirtió que el caso no será abordado por la Justicia Penal Militar.

    "Nos regimos a lo que indique la Fiscalía", aseguró el oficial, según declaraciones publicadas por el diario local El Tiempo.

    Aunque no precisó el número de soldados involucrados en el hecho, el comandante indicó que el pelotón estaba conformado por 30 hombres, los cuales fueron retirados ya de la zona y trasladados al batallón San Mateo, en la ciudad de Pereira (capital de Risaralda).

    Por su parte, la delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General, Carmen Torres, señaló que tras conocer la denuncia ese organismo inició las actividades de policía oficial correspondiente y le dio a la menor "la debida protección, se le restablecieron sus derechos por parte de la comisaría de familia... y se le practicaron los exámenes de rigor".

    Asimismo, aseguró que se han realizado 25 entrevistas a personas que pudieron haber tenido conocimiento sobre la ocurrencia del hecho y precisó que ya fueron identificados "los presuntos autores", que corresponden a ocho miembros del Ejército de Colombia.

    Etiquetas:
    explotación sexual de menores, violación sexual, pueblos indígenas, Colombia
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