"Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia, por eso se les solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario", dijo Barbosa en declaraciones difundidas por su despacho desde la ciudad de Cali (suroeste).
Según explicó el fiscal, los soldados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, y precisó que los cargos fueron aceptados por los procesados.
"No vamos a ceder un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes", dijo Barbosa.
El secuestro y posterior violación de la menor, de 12 años y perteneciente a la comunidad Embera kati, sucedió el pasado lunes en el corregimiento (aldea) de Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico (Risaralda).
Los soldados, entre 18 y 21 años de edad, están adscritos al Batallón San Mateo y prestaban el servicio militar obligatorio en esa jurisdicción del país, donde fueron asignados para brindar protección a las comunidades, entre ellas las indígenas.
El miércoles, en una rueda de prensa virtual, el gobernador del resguardo indígena colombiano Gito Dokabu–Embera kati, Juan de Dios Queragama, exigió a las autoridades ordinarias colombianas que entreguen ante esa comunidad a los soldados involucrados para que sean juzgados bajo las leyes indígenas.
"Exijo, como autoridad mayor, que los agresores sean entregados para que desde nuestra propia autoridad y autonomía puedan ser juzgados, y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes", dijo Queragama.
Sin embargo, el hecho fue denunciado ante la justicia ordinaria, por lo que será esta jurisdicción la que adelante el proceso contra los militares.
