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Organizaciones sociales demandan al estado ecuatoriano por derrame de crudo en la amazonía

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QUITO (Sputnik) — La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y otras organizaciones sociales presentaron una acción de protección con pedido de medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por afectaciones causadas a sus comunidades por un derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril.
"Nos encontramos presentando esta acción de protección porque las afectaciones a la población local son cuantiosas", dijo en conferencia de prensa virtual Andrés Tapia, dirigente de la Confeniae.

La demanda, presentada ante un juez de la provincia amazónica Orellana (este), alega que se pudo prever el derrame de crudo, ocurrido por la rotura de las tuberías del estatal Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el privado Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el petróleo que Ecuador exporta.

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Las instituciones demandadas son el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio de Ambiente y el de Salud Pública; también Petroecuador, operadora del SOTE y OCP Ecuador, operadora del OCP.

Según Tapia, varios especialistas alertaron a estos organismos y empresas sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, así como por los constantes deslaves y fuertes lluvias en la zona.

De acuerdo a la Confeniae, tras el colapso de la cascada San Rafael, un ícono de Ecuador, con una caída de agua de más de 150 metros de altura, las organizaciones advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos.

La central fue construida por la compañía china Sinohydro, durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Según las comunidades damnificadas por el derrame, la falta de acción del Estado afectó a unas 120.000 personas de 105 comunidades, en su mayoría de las nacionalidades Kichwa y Shuar, pertenecientes a 21 parroquias que lindan con las riberas de los ríos Coca y Napo, afluentes del río Amazonas.

"Ellos dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente", dijo la abogada de las comunidades, María Espinosa, durante la conferencia de prensa.

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Además de la contaminación del agua, la demanda plantea medidas cautelares contra el Estado ecuatoriano por la situación de vulnerabilidad de las familias por la pandemia de COVID-19.

Las comunidades solicitan restauración ecológica de todos los componentes afectados del ecosistema, reparación integral para las personas afectadas y garantías de no repetición, dado que existe un riesgo inminente de una nueva ruptura.

A la demanda de la Confeniae se sumaron la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, los obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y la empresa Petroecuador estimaron que el colapso de las instalaciones provocó el derrame de alrededor de 15.000 barriles de crudo.

Al momento, las reparaciones de los oleoductos tienen un avance de 95%, de acuerdo con datos oficiales.

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Tapia destacó que el derrame de crudo significa la muerte de la biodiversidad y la vida, por lo que el Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo.

En un comunicado de prensa, OCP Ecuador dijo que la empresa trabaja junto con la estatal Petroecuador en la contención del crudo, abastecimiento de kits alimenticios, remediación ambiental y la construcción de una nueva tubería para continuar transportando el crudo.

Según la empresa, el 7 de abril se activó el plan de contingencia deteniendo el bombeo de petróleo para generar menor impacto ambiental.

"El fenómeno natural no podía ser previsto, por lo que la transportadora de crudo movilizó desde el primer minuto a un grupo de expertos para iniciar la etapa de contención", dijo OCP.

La empresa añadió que ha entregado más de 570.000 litros de agua embotellada en las comunidades afectadas, además de 1.000 kits alimenticios para las familias.

 

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