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Senadora de FARC: el Gobierno es el principal escollo del acuerdo de paz colombiano

© AFP 2021 / Guillermo LegariaUn graffiti con una frase que dice "Colombia en paz"
Un graffiti con una frase que dice Colombia en paz - Sputnik Mundo
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BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno de Iván Duque es el principal obstáculo para aplicar el acuerdo de paz logrado hace tres años en Colombia porque impulsa leyes que van en contra de lo pactado, dijo a Sputnik la senadora Sandra Ramírez, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

"La implementación del acuerdo ha tenido muchas dificultades y una de ellas es este Gobierno de derecha que tenemos en la actualidad, ya que a nivel internacional habla de cumplimiento, de implementación, pero en el país hace todo lo contrario", dijo Ramírez, última esposa del fundador y líder máximo de la extinta guerrilla FARC, Manuel Marulanda Vélez (1930-2008), "Tirofijo".

Ramírez ocupa uno de los cinco escaños asignados al partido FARC en el Senado en virtud del acuerdo de paz.

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La administración de Duque "nos impone proyectos de ley que tenemos que aprobar y que van en contra de lo pactado (…) y ha paralizado los programas del acuerdo y dilatado los mecanismos" previstos, dijo.

"Contra esos proyectos es que tenemos que luchar, para evitar que se haga trizas el acuerdo", destacó la exguerrillera.

La acción del Gobierno resulta en una implementación mínima, según Ramírez.

Está pendiente, por ejemplo, la reforma rural integral que permita a campesinos y desmovilizados de FARC contar con tierras para sus proyectos productivos.

Otro de los puntos pendientes es la reforma política que permita la participación de grupos minoritarios.

"Lo que se busca con esta reforma es contar con una verdadera democracia incluyente y que no nos eliminen por pensar diferente, no solo a los que hacemos política, sino también a los demás compañeros que participan en el proceso de reincorporación", dijo la senadora.

Asesinatos de excombatientes

Otro asunto de preocupación son los asesinatos de excombatientes, 31 en lo que va del año.

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La víctima más reciente es Carlos Celimo Iter Conde, presidente de una cooperativa dedicada a la transformación de productos derivados del café, baleado el miércoles pasado por hombres armados en el municipio de Caloto (Cauca, suroeste).

La FARC asegura que 152 exguerrilleros y 36 familiares han sido asesinados desde que se firmó la paz en noviembre de 2016.

El primer acuerdo se suscribió en Cartagena (norte) en septiembre de ese año, pero el texto fue objeto de modificaciones luego de un plebiscito en el que triunfó el rechazo a lo pactado.

El Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) renegoció con las FARC el acuerdo de Cartagena considerando las objeciones de los opositores; y el texto resultante se firmó el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá.

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"Lo mejor que le ha pasado a Colombia es el acuerdo de paz, ya que dio fin a una parte del conflicto colombiano, pero el conflicto aún persiste, y una muestra de ello es que nos siguen asesinando", denunció Ramírez.

Los desmovilizados reciben del Gobierno "una pequeña protección" compuesta de "un vehículo, dos escoltas y chalecos antibalas", lo que no garantiza su integridad, comentó.

"La seguridad debe ser también integral, para que podamos movernos por las calles, por los municipios, por las veredas (aldeas) sin llevar al lado de nosotros ni un solo escolta", dijo la senadora.

Para Ramírez se requiere "un compromiso sincero del Gobierno para que no haya armas en la política y que se nos dé una garantía del desmantelamiento de los grupos paramilitares, que son los que nos asesinan", denunció.

Decisión desafortunada

Pero, observó Ramírez, es una "decisión desafortunada" que los excomandantes de FARC Iván Márquez y Jesús Santrich hayan resuelto volver a las armas.

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"Para nosotros eso es como un barco sin rumbo; ¡cómo es posible que se utilicen los incumplimientos del Estado para rearmarse! Eso no tiene un asidero", dijo.

La senadora recordó que el acuerdo de paz tiene un blindaje internacional que se debe "hacer cumplir con el respaldo del pueblo, y no con el de las armas".

Para Ramírez, el poder de convocatoria de Márquez y Santrich podría dar pie a la conformación de un nuevo grupo armado, "eso es algo que el partido FARC no descarta", dijo.

El Gobierno de Duque tendría responsabilidad en tal extremo "ya que no ha sido puntual en los cumplimientos con respecto a la reincorporación, lo que ha generado incertidumbre en muchos excombatientes", sostuvo.

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Sin embargo, la FARC está comprometida en mantener una reincorporación colectiva, y una demostración son los cerca de 11.000 desmovilizados que aún cumplen su proceso, según Ramírez.

Varios de ellos ocupan 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación en diferentes regiones del país e intentan lanzar iniciativas productivas para subsistir.

"Estoy completamente segura de que si Manuel (Marulanda) estuviera vivo, estaría aquí acompañándonos, estaría junto con su partido, que somos la mayoría, y estaría apoyándonos ante estas dificultades que se nos han presentado en la implementación del acuerdo y en la reincorporación", dijo sobre Tirofijo.

Venezuela, sin intervención

Ramírez exhortó al presidente Duque a que no incentive una intervención armada en Venezuela y dé prioridad a los problemas de Colombia.

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"Como FARC hacemos un llamado a la no intervención en Venezuela, y lo hacemos con conocimiento de causa, porque sabemos dónde comienza la guerra, pero no dónde termina", sostuvo.

Ramírez añadió que "el presidente Duque lo que debe hacer es personarse de los problemas que tenemos los colombianos, ya que nuestros hermanos venezolanos son un pueblo autónomo para resolver sus dificultades".

En Colombia "hay graves problemas por el asesinato sistemático de líderes sociales, por la muerte de niños en La Guajira como consecuencia de la desnutrición y porque se registran altas tasas de violencia en Chocó, Cauca y el Catatumbo", dijo.

Frente a estos males "no se ve la acción del presidente Duque, porque él está ocupado con los problemas de los vecinos venezolanos", criticó la senadora.

Ramírez confirmó a Sputnik que el partido evaluará en su asamblea general de enero un cambio de nombre para evitar confusiones con los disidentes que siguen utilizando las siglas de la extinta guerrilla.

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