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Querellantes en causa contra el franquismo amplían su denuncia ante la justicia argentina

© AFP 2021 / Pierre-Philippe MarcouLos retratos de las víctimas del franquismo (archivo)
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La jueza argentina María Servini de Cubría recibió a cuatro querellantes que brindaron su testimonio para denunciar nuevos delitos de lesa humanidad del franquismo en el marco de la única causa del mundo que investiga los crímenes de la dictadura española, contaron integrantes de la delegación que viajó desde Madrid.

"La jueza me ha parecido muy cariñosa, muy receptiva, y he tenido la sensación de que sí nos hacía caso, cosa que no es habitual, así que he sacado muy buena sensación", valoró en diálogo con esta agencia Manuel Ruiz, cuyo hermano, Arturo Ruiz, fue asesinado en Madrid por fuerzas parapoliciales en 1977, cuando tenía 19 años.

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Cuarenta y dos años después, este querellante, de 63 años, viajó a Buenos Aires junto con una delegación integrada por otras víctimas del franquismo, diputados nacionales y representantes de asociaciones civiles, para declarar ante Servini de Cubría, quien investiga los delitos de la dictadura de Francisco Franco en España, bajo el amparo del principio de justicia universal, el cual permite investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en otro país.

La investigación de la justicia argentina abarca los crímenes cometidos desde 1936, año en que el alzamiento militar del dictador Francisco Franco terminó con el Gobierno legítimo de la II República para dar paso a tres años de guerra civil.

Si bien Franco murió en noviembre de 1975, se constataron violaciones a los derechos humanos durante la denominada transición española, que se prolongaría hasta la promulgación de la nueva Constitución en 1978.

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La magistrada argentina también recibió a Fermín Rodríguez, que a su vez busca justicia en los tribunales argentinos por el asesinato de su hermano Germán durante las fiestas de los Sanfermines en Pamplona (norte) en 1978.

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"Tengo 61 años, cuando mataron a mi hermano tenía 20, él 23, y esta es una página que no he podido pasar del todo, tengo que convivir con ella, pero quiero dejarla atrás, y para eso necesito conocer la verdad y que se haga justicia", ponderó este otro querellante en conversación con esta agencia.

La comitiva española incorpora por primera vez a la querella que tramita la jueza argentina la represión policial en las plaza de toros de Pamplona que terminó con casi 300 personas lastimadas, 11 heridos de bala, y un asesinado, Germán Rodríguez.

Los abogados de la querella presentaron ante Servini la declaración testimonial de siete víctimas, incluida la de Fermín Rodríguez, tras reunirse el miércoles con la magistrada y con el fiscal Federico Delgado, que también impulsa la investigación del caso.

Por ello comparecieron también ante la jueza Aitor Garjón, representante de la Federación de Peñas sanfermineras de Pamplona-Iruñea, y Sabino Cuadra, en nombre del colectivo San Fermines 1978 gogoan!

Primera indagatoria por los delitos del franquismo

El objeto de los querellantes que se desplazaron a Buenos Aires es reforzar las acusaciones que pesan sobre el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, que comparecerá ante Servini el próximo 7 de septiembre para declarar como indagado.

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El abogado Jacinto Lara afirmó a esta agencia que "a la jueza se le ha transmitido la importancia de esta querella y la importancia de las declaraciones testimoniales que se están presentando, tanto la de Sanfermines de 1978 como el reforzamiento de determinadas imputaciones a Martín Villa de cara a su declaración indagatoria, como es el caso de Arturo Ruiz".

Durante un encuentro el pasado miércoles con la delegación española, la magistrada constató las dificultades que encuentra para avanzar en las causas ante la terquedad de los juzgados españoles de no tramitar los exhortos y las comisiones rogatorias que ha enviado a lo largo de los años.

Servini de Cubría ordenó en 2014 la detención internacional y extradición de 20 responsables franquistas, entre ellos Martín Villa, en el marco de la causa que comenzó en abril de 2010.

Las disposiciones de la jueza no fueron observadas por España, que se negó a extraditar a los acusados bajo el alegato de que los protege la Ley de Amnistía de 1977 que, en principio, fue aprobada para amnistiar a los presos políticos del franquismo y que después terminó por amparar los delitos de la dictadura.

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La exfiscal general del Estado español, Consuelo Madrigal, envió en octubre de 2016 una instrucción a todas las fiscalías provinciales para que no colaborasen con la jueza argentina.

Desde la apertura de la causa, hace nueve años, se han incorporado al expediente unas 500 querellas individuales y colectivas para que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires de Servini de Cubría conceda a las víctimas del franquismo la justicia que niegan los tribunales españoles.

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