"En línea con los acuerdos del Consejo Europeo del 13 de diciembre, el Gobierno de España intensificó los trabajos relativos a la preparación a las consecuencias de la retirada del Reino Unido a todos los niveles", explicó Celaá.
Según explicó Celaá, las medidas diseñadas —que aún están pendientes de aprobación— tienen dos objetivos fundamentales: proteger los derechos de los ciudadanos británicos residentes en España y preservar el curso de los flujos comerciales.
Pese al desarrollo de estos trabajos, el Gobierno español manifestó su deseo de que no sea necesario aplicar los planes para un Brexit sin acuerdo, e instó al Parlamento británico a votar a favor de los términos del divorcio acordados entre Londres y Bruselas.
"Ante el escenario de retirada del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, el Gobierno cree que una salida acordada sería la mejor opción, y espera que así lo entienda el Parlamento británico", insistió Celaá.
En caso de que finalmente no haya acuerdo, Madrid quiere enviar "un mensaje de absoluta tranquilidad a los actores económicos, sociales e institucionales" afectados por el divorcio, ya que, a su modo de ver, los preparativos que se están llevando a cabo servirán para minimizar los efectos negativos de una salida sin acuerdo.
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