Las heridas del pueblo colombiano no cicatrizan. Son heridas que están abiertas en el alma de millones de personas; permanecen vivas. Son heridas profundas, absolutamente, profundas. El dolor que produjo y produce la violencia en el país no cesa todavía. La horrible noche de sufrimientos no ha pasado, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC.
De acuerdo con cifras oficiales, en Colombia hay a la fecha 8,7 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado censadas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Víctimas.
El asesinato de los líderes sociales es otra de las principales venas abiertas por donde se está desangrando Colombia.
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Estos crímenes han dejado de ser noticias de primera plana, pero el derramamiento de sangre no ha cesado. El año 2018 fue una pesadilla para los líderes sociales, fueron asesinados 164.
De hecho, el senador y líder indígena colombiano Feliciano Valencia denunció recientemente a través de la red social Twitter el atentado perpetrado contra su hermano y también líder social indígena, Germán Valencia.
Los líderes comunitarios colombianos no han conocido todavía la paz; para ellos no ha habido un cese de la violencia.
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En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha manifestado estar alarmada y condena el asesinato persistente de los líderes sociales.
El sufrimiento y la violencia en Colombia persisten. En lo que ha transcurrido del Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC, grupo convertido hoy en el partido político legal Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), han sido asesinados al menos 40 exmiembros.
El hecho trae a la memoria el exterminio cometido contra el partido político legal de la Unión Patriótica, UP de Colombia.
Todavía no se ha cerrado totalmente la herida de los llamados 'falsos positivos'; las ejecuciones extrajudiciales de civiles que luego eran presentados por el Ejército y la Policía como miembros de grupos armados ilegales caídos en combates.
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En consecuencia, la Corte IDH condenó al Estado colombiano por los 'falsos positivos' o ejecuciones extrajudiciales.
En lo que respecta a Colombia, la Fiscalía de la CPI informa que es conocedora de la situación de este país.
En el documento, titulado "Informe sobre las actividades de examen preliminar (2018) — Colombia", de 12 páginas, con fecha del 5 de diciembre de 2018, la fiscal Bensouda afirma que además de conocer la situación de Colombia en el contexto de los más de 50 años de conflicto armado, de conformidad con la información que ha recibido, concluye que existen fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el país.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) December 25, 2018
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El informe de la Fiscalía de la CPI indica que el Tribunal Internacional tiene la lupa sobre Colombia.
También manifiesta que es sabedora de los asesinatos de civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública con el fin de presentarlos como combatientes muertos en enfrentamiento, o falsos positivos.
El documento de la fiscal Bensouda despierta la esperanza de que de ser necesario la Corte podría impartir justicia en Colombia, aunque fuese de forma complementaria.
No hay dudas de que la justicia, la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición son para las víctimas los mejores cicatrizantes de las heridas producidas por el asesinato de los líderes sociales, las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y el desplazamiento forzado.
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