"Los niveles de violencia frente a personas defensoras de DDHH son muy alarmantes en la región y los niveles de impunidad son aún mayores, la mayor parte de los asesinatos y otras agresiones como las amenazas que preceden a los asesinatos a defensores y defensoras de DDHH quedan en la impunidad", dijo Krsticevic a Sputnik.
El CEJIL, junto a otras organizaciones sociales, presenta dos audiencias relacionadas a las agresiones a líderes sociales en el 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrollaba el 5 y el 6 de diciembre en Washington.
Por otra parte, Krsticevic entiende que se debe asegurar que quienes defienden esos derechos tengan "la posibilidad de hacerlo libremente y sin tener que jugarse la vida".
"América Latina da cuenta de la mayor parte de las defensoras y los defensores de DDHH que han sido asesinados en el mundo en los últimos años, si mirás la data de 2017 alrededor de 2/3 de los defensores que fueron asesinados en el mundo eran de esta región y esas cifras que eran de alrededor de 300 personas hace dos años ahora son muchísimo mayores, para este año solo con Nicaragua y Colombia tenemos más de 400 personas asesinadas", señaló la activista.
Honduras y una justicia a medias
Uno de los puntos fuertes es la audiencia sobre el juicio por el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, que la semana pasada condenó a sus autores materiales, pero sin llegar a investigar a los autores intelectuales.
Además, el CEJIL expresó su preocupación por la situación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Cáceres, y es por ello que presenta este jueves información frente a la CIDH sobre los hostigamientos de los que son víctimas sus miembros y piden seguridad para ellos.
En esta audiencia participan el Copinh, que fundó y encabezó Cáceres, el CEJIL, que siguió el caso judicial, y el Estado hondureño.
"Consideramos que es insuficiente porque en la medida en la que no se avanza en las investigaciones de los autores intelectuales, de aquellos que dan las órdenes no terminas de desactivar los riesgos frente a la familia y a las otras personas del Copinh que continúan la lucha", dijo Krsticevic.
Además, desde el CEJIL sostienen que este tipo de asesinatos buscan "inhibir las voces y la voz de un grupo de personas y de alguna manera limitar la capacidad de acción de quienes reclaman, muchos de los asesinatos están precedidos por amenazas y no solo a una única persona, sino a un grupo de personas que están vinculados a un reclamo específico".
Colombia asesina a sus líderes sociales
El Estado de Colombia deberá responder a una veintena de organizaciones por la impunidad en que se encuentran los varios cientos de asesinatos y ataques a activistas y líderes sociales en ese país.
"Estamos notando un incremento alarmante de asesinatos y hostigamientos a personas defensoras de DDHH y una respuesta ineficaz e inconsistente por parte de distintos órganos del Estado colombiano, nos alarma y nos preocupa tanto el incremento de los homicidios como la falta de una respuesta lo suficientemente coherente, consistente y eficaz de la fiscalía y el Poder Ejecutivo", expresó la activista.
Según cifras del Gobierno colombiano, más de 300 líderes sociales han sido asesinados en el país luego de la firma en noviembre de 2016 del acuerdo de paz con la ahora disuelta guerrilla de las FARC (convertida en partido político de izquierda).
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"Hay una correlación entre el aumento del asesinato de líderes que se da luego de firmada la paz entre el Gobierno de (Juan Manuel) Santos y las FARC y hay distintas interpretaciones de por qué eso ocurre, una de nuestras colegas de Centroamérica, Helen Mack, nos decía hace un par de años "Tengan cuidado con Colombia, porque con el fin de la guerra viene la violencia" y nosotros pensábamos que esto no podía ser cierto, cómo puede haber violencia después de la guerra", cuenta Krsticevic.
"En Colombia hubo una disminución significativa de los homicidios en la práctica a nivel general, pero hubo un aumento significativo de los hostigamientos y amenazas a las personas defensoras de los DDHH, en parte vinculados con su participación en disputas políticas y territoriales en las zonas rurales en Colombia", señaló la integrante del CEJIL.
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Desde la organización consideran que esto está relacionado con la participación en procesos organizativos que ocurrieron después del proceso de paz con "reclamos sobre la tierra, políticos o un interés de participación política y social y la ausencia de parte del Estado colombiano en algunas de esas zonas".
"Cuando sale un grupo armado como las FARC de algunas regiones y no hay una presencia fuerte democrática del Estado también se genera una disputa por los espacios políticos y económicos. Creemos que eso está resultando en una serie de asesinatos", concluyó la especialista en derecho internacional.
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El CEJIL considera que para enfrentar esta problemática el Gobierno colombiano debe generar una política eficaz involucrando a los distintos actores, que permita una prevención de situaciones de riesgo y que se realicen investigaciones que logren desmantelar los grupos criminales que están vinculados a estos asesinatos, así como pesquisas sobre las amenazas recibidas por los activistas.
