"El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación del acuerdo impugnado", comunicó el Tribunal Constitucional a través de una nota informativa.
Actualmente el Ejecutivo catalán se encuentra intervenido por el Gobierno central, que fue quien presentó el recurso contra la constitución de la comisión al entender que su creación vulnera competencias exclusivas del Estado.
Para evitar un conflicto de intereses entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Tribunal Constitucional deja en suspenso el plazo de personación y formulación de alegaciones contra su decisión de este 16 de enero.
De esta manera, el TC da tiempo a que sea el futuro Gobierno catalán —previsiblemente de corte independentista— el encargado de decidir cómo responder.
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El pasado 1 de octubre se celebró en Cataluña un referéndum de autodeterminación que previamente había sido suspendido de manera cautelar por el Tribunal Constitucional, por lo que un juzgado dio instrucciones a las fuerzas del orden para retirar el material electoral desplegado en los distintos centros de votación.
Según datos del Gobierno catalán, un total de 1.066 personas tuvieron que recibir atención médica a raíz de los sucesos del 1 de octubre.
Del total de atendidos, siete personas recibieron un pronóstico grave, siendo los más destacados los casos de un hombre que perdió la visión en un ojo tras recibir el impacto directo de una bala de goma y el de un hombre que sufrió un infarto durante una carga.
Por su parte, el Ministerio del Interior de España asegura que los sucesos del 1 de octubre dejaron contusionados a un total de 431 agentes, de los que 40 recibieron atención médica.
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Las imágenes de las cargas durante operativo policial despertaron preocupación en el entorno de la Unión Europea, donde distintos líderes pidieron mesura a Madrid en la actuación de las autoridades pese a que ningún país miembro reconoció la legalidad del referéndum.
El Gobierno español, en cambio, defendió en todo momento que la actuación de sus agentes fue proporcional.
