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Nuevo Código Penal disparó el conflicto social en Bolivia en este 2017

© AP Photo / Victor R. CaivanoBandera de Bolivia
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LA PAZ (Sputnik) — El nuevo Código del Sistema Penal boliviano es considerado por el Gobierno como vanguardista y su aprobación como el mayor logro de la Asamblea Legislativa, pero ha despertado protestas de varios sectores sociales y será motivo de mayores conflictos en el futuro, dijo a Sputnik el abogado constitucionalista Víctor Hugo Chávez.

"Lo que estamos viendo es que la aprobación del Código del Sistema Penal —en todas sus etapas— no habría llegado a consensos con las partes involucradas; hay aspectos controversiales que no han sido analizados", declaró el jurista.

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Chávez, docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, considera que el nuevo código introduce figuras como la reducción de penas por delitos al narcotráfico, la penalización a quienes se arroguen la representación del pueblo, y a quienes incurran en mala práctica profesional (negligencia médica), entre otros temas que aún "no han sido visibilizados".

"Es un código innecesario, represivo, y en gran medida reproduce el viejo código aprobado en los años 70", sentenció el abogado.

El 15 de diciembre, el presidente en ejercicio Álvaro García Linera promulgó la norma en el Palacio de Gobierno, señalando que se trata de una buena ley.

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"Se ha hecho lo que mejor se podía, de cara al pueblo, de cara a la gente", dijo entonces el mandatario.

Para el Gobierno, el nuevo Código del Sistema Penal "acorta los plazos procesales, aplica un criterio de racionalidad y proporcionalidad entre la infracción penal y la sanción que recaerá sobre el infractor y además tiene un decidido enfoque de género", a decir del presidente del Senado, José Alberto Gonzales, quien expresó su satisfacción al momento de la promulgación.

El aborto en debate

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En ese marco, el senador del oficialista Movimiento al Socialismo, René Joaquino, destacó en entrevista con Sputnik la importancia del nuevo Código.

"El desafío mayor que hemos enfrentado en 2017 ha sido la aprobación del nuevo Código del Sistema Penal, que va a reducir sustancialmente la retardación de justicia, pero sobre todo va a mejorar cualitativamente la justicia en Bolivia", aseguró el legislador oficialista.

Joaquino afirmó que la importancia del nuevo Código del Sistema Penal se explica en el hecho de que la mayoría de los casos de la justicia ordinaria están en el ámbito penal.

En el debate parlamentario, el artículo 158, referido a las causales de aborto, generó enfrentamientos públicos entre sectores conservadores que rechazan la interrupción del embarazo y movimientos feministas que proclaman su despenalización.

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La normativa aprobada señala que el aborto "no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer… durante las primeras ocho semanas de gravidez (embarazo), por única vez, y además la mujer: tenga a su cargo personas adultas mayores, con discapacidad u otros menores consanguíneos o no; (y) sea estudiante".

Asimismo se admite esa práctica cuando se trata de "prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; el embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o la embarazada sea niña o adolescente".

Para Joaquino, quien rechazó las versiones que afirman que en Bolivia se ha despenalizado el aborto, el nuevo Código Penal "simplemente amplía las causales, porque en Bolivia, por norma general, está penalizado el aborto".

Negligencia médica

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Otro de los artículos polémicos, que incluso llevó a la paralización de los servicios de salud pública durante todo el mes de diciembre, es el 205, que sanciona la mala práctica profesional que pone en riesgo la salud y que es considerado por los galenos como un intento de "criminalizar la labor médica".

El artículo establece que "la persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad cause daño a la salud o integridad física de otra persona, por infracción a un deber objetivo de cuidado por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de protocolo, reglamento o deberes inherentes al ejercicio de la profesión o actividad, será sancionada con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales".

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Asimismo sanciona con "prisión de 2 a 4 años, reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas. La sanción será de prisión de 3 a 6 años, reparación económica e inhabilitación, si se causa la muerte".

Además establece que "las sanciones serán agravadas en un tercio si la culpa es temeraria".

Al respecto, el senador oficialista sostuvo que esta disposición que sanciona las malas prácticas profesionales, busca establecer las responsabilidades de quienes atentan contra la vida en el ejercicio de su trabajo.

Criticas opositoras

Consultada al respecto, la diputada del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, dijo a esta agencia que la única ley importante aprobada por la Asamblea Legislativa fue el Código del Sistema Penal, aunque expresó duras críticas sobre esta normativa.

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"En materia legislativa no tenemos absolutamente nada, salvo esta ley (el Código del Sistema Penal) que no ha sido consensuada con nadie", afirmó la legisladora.

Piérola aseguró que el nuevo Código tiene artículos que son una copia del que tiene Venezuela y "también algunas réplicas de Cuba".

Asimismo, advirtió que en el afán de cooptar no solo los órganos del Estado sino a las organizaciones sociales, la ley "penaliza incluso el derecho a la protesta de los sectores sociales, bajo la figura de sedición".

"Estamos ante un retroceso absoluto en materia de derechos humanos", aseguró.

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Mientras el senador Joaquino sostuvo que la oposición se limitó a criticar y no a presentar propuestas, la diputada del PDC advirtió que la Asamblea Legislativa funciona como un apéndice del Órgano Ejecutivo.

A poco menos de un mes de su vigencia, el debate sobre el nuevo Código del Sistema Penal boliviano se ha trasladado a las calles y se espera que las movilizaciones continúen en 2018.

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