"No se trata de cambiar el sistema judicial catalán, pero sí de dotarnos de las instituciones necesarias para no continuar utilizando el Tribunal Supremo (TS) de Madrid o el Tribunal Constitucional (TC)", explicó el diputado de la CUP, Benet Salellas, en una entrevista con la agencia Europa Press.
Por su parte, para el TC se buscará "una fórmula diferente" para no repetir "la nomenclatura de una constitución que ha sido tan antidemocrática en relación con la soberanía de Cataluña".
Por ello, el plan del independentismo catalán es crear un tribunal similar pero bajo el nombre de "Sala de Garantías".
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La ley de transitoriedad jurídica es una de las conocidas como leyes de ruptura y su función fundamental es encauzar la transición del ordenamiento jurídico actual a uno catalán en caso de que se consume la desconexión con España.
De acuerdo con los detalles avanzados por Salellas, la ley de transitoriedad jurídica también recuperará algunas normas catalanas anuladas por el TC, como la destinada a asistir a la población ante situaciones de emergencia habitacional o de pobreza energética.
El diputado de la CUP explicó que esta norma es un primer paso para introducir un marco jurídico propio tras el referéndum, pero matizó que el ordenamiento legal catalán no se desarrollará de manera plena hasta la celebración de un proceso constituyente posterior.
