"El Gobierno se personará ante el Tribunal Constitucional para defender la reforma del Reglamento del Parlamento", aseguró en rueda de prensa Jordi Trrull, portavoz del Ejecutivo catalán.
En caso de que se rechace ese recurso, el Ejecutivo catalán presentará alegaciones en defensa de la legalidad de la reforma, que abría la puerta a la aprobación de leyes por parte de la mayoría independentista mediante un mecanismo de lectura única.
La activación de esta vía buscaba limitar la capacidad de actuación del Gobierno central y el Tribunal Constitucional a la hora de paralizar la tramitación de las llamadas leyes de desconexión, entre las que se encuentran la del referéndum o la de transitoriedad jurídica.
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Según explicó Rajoy, el recurso presentado por el Gobierno contó con el aval del Consejo de Estado, que ve en la reforma de la cámara catalana una vulneración del derecho a la participación política de la minoría parlamentaria.
Sin embargo, el independentismo considera que el Tribunal Constitucional no tiene argumentos jurídicos para rechazar esta reforma.
"No se nos deja hacer una reforma del reglamento que ya tienen otras comunidades", afirmó Turull, que acusó al Tribunal Constitucional de "decorar jurídicamente decisiones políticas".
"Acaba haciendo lo que le dictan, en el día que se lo piden y de la manera que se le reclama", dijo el portavoz catalán.
La suspensión cautelar de la vía catalana para aprobar las leyes de desconexión se produjo apenas unas horas después de que los partidos independentistas registraran en el Parlamento autonómico la ley destinada a oficializar la convocatoria de un referéndum de independencia el próximo 1 de octubre.
