Los militares franceses que patrullan armados hasta los dientes por los lugares sensibles de Francia no están habilitados para usar sus armas. Es una de las aberraciones que la Comisión de investigación parlamentaria sobre los atentados de 2105 ha puesto sobre la mesa.
Los diputados han intentado también esclarecer varias interrogantes sobre esa noche. ¿Por qué se dejó en manos de la policía antipandillas el desarrollo de las operaciones y no se recurrió a las dos fuerzas especiales de élite, el RAID y el GIGN?
La comisión ha puesto en evidencia las carencias y los errores de los servicios de inteligencia franceses. Para el presidente de la misma, el diputado de centro-derecha, Georges Fenech, "el ataque al Bataclán hubiera podido ser evitado. Fue un fracaso cruel, de enormes consecuencias".
La falta de medios y de presupuesto de la que habla el informe no puede ser una excusa para esconder un problema estructural mucho más grave. En Francia no existe un organismo que coordine la labor antiterrorista de todos los servicios de inteligencia. Existen diferentes organismos dedicados a tal fin. La policía tiene su servicio de inteligencia, la gendarmería el suyo, la Prefectura de París, otro específico. La Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) trabaja por su lado, sin coordinación con el resto de servicios, incluido el exterior (DGSE).
La comisión parlamentaria francesa propone unificar la sopa de letras que se dedica a la lucha antiterrorista y crear una agencia que coordine las informaciones provenientes de todos los servicios y que responda directamente al Jefe del Estado.
En plena guerra contra Daesh, el autodenominado Estado Islámico, como asegura el presidente francés, François Hollande, lo mínimo que se puede concluir del informe de los parlamentarios es que las autoridades del país son responsables del desastre en la coordinación de la lucha. Máxime, cuando tras los atentados de enero del años pasado, ya se prometieron medidas urgentes que quedaron semiolvidadas hasta las matanzas del 13-N.
El ponente de la comisión, el socialista Sebastian Pietrasanta, ha intentado rebajar las críticas para defender al gobierno de su misma ideología, pero las conclusiones son difícilmente ocultables.
El laxismo de la justicia
Los tres asaltantes del Bataclán, los hermanos Kouachi, los autores de la matanza en el semanario Charli Hebdo, o Amedy Coulibaly, el asesino del hipermercado judío de París eran conocidos de los servicios policiales, habían sido fichados, condenados y detenidos. Permanecían bajo control judicial tras su liberación. A pesar de todo, pudieron organizarse y armarse sin grandes dificultades para llevar a cabo sus planes asesinos.
Ese laxismo de la Justicia que denuncia Raufer, entre otros muchos, es también objeto de duras críticas en Bélgica, el país que, con Francia, ha sufrido los peores atentados terroristas en Europa en los últimos meses.
Jaled el Bakraoui, el kamikaze del metro de Bruselas, fue arrestado el 21 de octubre pasado por la policía belga por un tráfico de cargadores de Kaláshnikov. Cuando los investigadores registraron su domicilio, encontraron abundante propaganda islamista y un aparato para saber si estaba bajo escucha telefónica. Bakraoui había sido ya condenado con anterioridad y había cumplido un tercio de su condena, el período después del cual se puede abandonar la prisión en Bélgica. Desde octubre al fatídico 22 de marzo, fecha de los atentados en Bruselas, pudo prepararse sin problemas para inmolarse en el metro cercano a la sede de la Unión Europea.
Tema: Explosiones en Bruselas
Mohamed Abrini, el famoso terrorista del sombrero que aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Zaventem, acompañando a dos de los terroristas que provocaron las explosiones en el interior del recinto, había sido condenado en Bélgica 45 veces por distintos delitos. Liberado por una Justicia criticada por laxa, también trabajó sin molestias en su operación criminal.
La comisión belga que ha estudiado los atentados del 22 de marzo hace hincapié en la falta de presupuesto y de medios humanos para hacer frente al terrorismo islamista interior. Pero, a diferencia de la supuestamente centralizada Francia, Bélgica sufre también las consecuencias de su sistema político federal y del consecuente reparto de competencias. La seguridad y la inmigración dependen del Gobierno Federal (central), la educación y lo referente a los cultos religiosos (información sobre mezquitas salafistas, por ejemplo) dependen de las diferentes comunidades. La descoordinación es el problema prioritario.
Belgas y franceses se acusan de falta de colaboración policial y de ocultarse información. Los servicios belgas sabían que Salah Abdeslam, el terrorista que huyó de París a Bruselas tras los atentados estaba "radicalizado" y por tanto, fichado. Cuando en la huida de la capital francesa su automóvil fue retenido por los gendarmes franceses, estos no encontraron razones para detenerle. La policía belga no había enviado la información a tiempo; no había introducido la información en su base de datos. Del 13 de noviembre al 18 de marzo, día de su captura, Abdeslam se escondió en Bruselas y sus alrededores.
Comunicación policial por WhatsApp
Cuando se conocen detalles de los instantes posteriores al atentado del aeropuerto de Bruselas y del metro de la capital, solo la monstruosidad del drama permite evitar la risa. Los policías belgas tuvieron que comunicarse a través de WhatsApp. Su sistema interno, "Astrid", estaba averiado o saturado.
Kerchove es, en todo caso, el ejemplo de la ineficacia de la Unión Europea en la lucha antiterrorista. Más de cinco años y después de contabilizar cientos de muertos, las instituciones de Bruselas accedieron a aprobar el PNR, el registro de los datos de los viajeros aéreos. La iniciativa estaba paralizada por una alianza objetiva entre la extrema izquierda y la extrema derecha en el Parlamento de Estrasburgo.
La desorganización y el ridículo no es patrimonio de belgas y franceses. Los bancos de datos de todos estos organismos comunitarios no están interconectados. Frontex no tiene poder para ocuparse de cuestiones de seguridad; Europol no lo tiene en materia de fronteras; una persona fichada por Europol puede así pasar entre las redes de Frontex que, a su vez, no se coordina con el sistema de Schengen.
Demasiadas carencias, demasiados fallos y negligencias políticas para hacer frente a una amenaza terrorista. Sobre todo si, como afirma el juez especializado en terrorismo islamista, el francés Marc Trevidic, "la verdadera guerra que Daesh piensa llevar a cabo en Francia todavía no ha empezado".
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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