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    Una protesta contra la corrupción en Brasil.

    ¿Hay más corrupción hoy que antes en América Latina?

    © AFP 2017/ Miguel Schincariol
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    En diálogo con Sputnik, Bill Orme, autor del informe de la Unesco sobre leyes de acceso a la información en Latinoamérica, observó que ese tipo de legislación ayuda a destapar escándalos de corrupción, pero no significa que haya más casos que antes.

    Actualmente más de un centenar de países cuentan con leyes de acceso a la información pública, de acuerdo con la Unesco, la agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En los años 1990, el número estaba en el entorno de los 15. El organismo destaca a América Latina en la vanguardia de la materia y acaba de lanzar en Argentina un informe sobre las lecciones de la región, de autoría de Bill Orme, experto en medios de comunicación y periodista estadounidense.

    "El punto principal es que [la ley de acceso a la información] cambia completamente la relación entre el ciudadano y el Estado. La información es poder si no está compartida. En sistemas monárquicos, autocráticos o militares, la información es propiedad del Gobierno, que la proporciona o no conforme su voluntad. Con esa normativa el ciudadano pasa a ser el dueño de la información a manos del Estado y el Gobierno es un empleado del ciudadano y tiene la obligación legal de proporcionar esa información al ciudadano que la pida, salvo que haya una razón legal establecida como seguridad nacional o protección de privacidad, pero aun así tiene que dar una explicación al ciudadano", explicó Orme a Sputnik.

    El periodista, que fue corresponsal de medios como New York Times, Washington Post, Economist y Time, además de encargado de Comunicación de agencias de la ONU, partió del ejemplo de México, Chile y Brasil para presentar un panorama de la región que sirve de ejemplo para el mundo.

    "Hoy en día, considerando las naciones hispanohablantes y Brasil, solamente cuatro países latinoamericanos no tienen leyes específicas de acceso a la información. Es una realidad mucho mejor que en regiones desarrolladas y casi igual, en términos porcentuales, que Europa, con leyes más antiguas y mejores que las europeas, y sin duda mejor que Estados Unidos y Canadá", resaltó.

    En un ranking mundial de la organización canadiense Centro de Derecho y Democracia, Brasil, Colombia, Chile y México figuran mejor posicionados en las clasificaciones que Suecia, el primer país del mundo en aprobar una normativa de ese tipo a mediados del siglo XVIII. Pese a que los criterios clasificatorios sean demasiado subjetivos, en la opinión del autor del informe de la Unesco, se trata de una evidencia más del liderazgo latinoamericano en el tema.

    Cuestionado sobre los escándalos de corrupción que cada tanto explotan la región pese a la existencia de una legislación que apuesta a la transparencia en la gestión de los recursos públicos, Orme comentó haberse enfrentado a la misma interrogante durante su estudio. "La percepción pública puede ser de que hay todavía más corrupción que antes porque empiezan a surgir nuevos escándalos", matizó.

    "La paradoja es que cuando la ley está funcionando y está siendo utilizada por periodistas investigativos, por ejemplo, la población pasa a estar mejor informada sobre la corrupción que antes. No es que haya más corrupción que antes, sino más disponibilidad de información que comprueba casos de corrupción. Hay más reportajes sobre corrupción e incidentes comprobados con base en datos accedidos a través de estas nuevas leyes", agregó.

    Asimismo, el periodista insistió que la transparencia no es la solución mágica para el problema, "pero obviamente hacer la corrupción más difícil es un avance". A su juicio, erradicar la corrupción es algo prácticamente imposible en cualquier sociedad.

    Por otro lado, si bien América Latina lidera la iniciativa de asegurar el acceso a la información pública por parte de la población (uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030) la región también se enfrenta a desafíos para implementar ese tipo de leyes. La burocracia establecida para llevar adelante las solicitudes de los ciudadanos es uno de los principales obstáculos.

    "Me encontré con la observación de un experto que entrevisté en Chile de que la ley de su país 'fue escrita por y para abogados'. La verdad es que es un fenómeno generalizado. Se requiere comprensión de aspectos formales del funcionamiento del Gobierno, hay que saber de antemano dónde están los datos que se busca, en cuál ministerio, hay que formular una solicitud en un lenguaje apropiado para obtener la respuesta esperada, entre otros detalles", resaltó.

    Al fin y al cabo, las personas que, en su mayoría, recurren a esta herramienta son abogados, periodistas o activistas de la sociedad civil ya experimentados en esos campos. "Son leyes que no son fáciles, con barreras de comprensión" que dificultan el acceso del ciudadano común. Además, según Orme, el hecho de que el acceso a internet no sea universal y que la información oficial esté disponible solamente en un idioma en Latinoamérica limita la posibilidad de que pueblos indígenas, por ejemplo, puedan hacer uso de este instrumento.

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    Etiquetas:
    transparencia, acceso a la información pública, corrupción, UNESCO, América Latina
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