El CED tiene el mandato de "monitorear la implementación de a Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas", precisó la ONU-DH.
La "desaparición forzada" se refiere, específicamente, a desapariciones de personas en las que participan agentes del Estado, que constituyen delitos graves de lesa humanidad, que nunca prescriben.
Los tres Estados referidos están entre los 59 que han ratificado la Convención sobre desapariciones forzadas y respeto a los Derechos Humanos, por lo tanto "son requeridos para entregar un informe para revisión del Comité", indica el anuncio oficial.
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Las observaciones finales que emitirá el Comité constituyen "una evaluación independiente del cumplimiento de los Estados con sus obligaciones en materia de derechos humanos", reglamentadas bajo dicho tratado internacional.
Los miembros del comité discutirán "un rango de cuestiones en relación con la implementación de la Convención con las respectivas delegaciones de los Estados" y también escucharán la exposición de organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos.
El CED monitorea la adhesión de los Estados parte a la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En cuanto México, donde hay más de 36.000 personas desaparecidas, está documentada en muchos casos la participación de agentes del Estado, policías o militares, que constituyen "desapariciones forzadas" que suponen una responsabilidad directa de las autoridades.
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Con frecuencia, tras un cautiverio con torturas, la desaparición forzada pretende garantizar la impunidad, con el fin de intimidar o aterrorizar.
Uno de los casos más emblemáticos al que la el CED de la ONU da seguimiento es el de 43 estudiantes de la escuela normal rural de maestros de Ayotzinapa, estado de Guerrero (sur), desde el 26 de septiembre de 2014 y sin esclarecimiento definitivo hasta la fecha.
