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    Estalla la polémica en España: ciudadanos serán rastreados

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    Los españoles serán rastreados a través de sus teléfonos móviles durante ocho días por el Instituto Nacional de Estadísticas [INE] de España. El objetivo es analizar los desplazamientos más usuales en el día a día, los movimientos más frecuentes en vacaciones, o calibrar el cada vez más deshabitado universo rural.

    Razones

    El objetivo de este relevamiento según el Instituto, es analizar cuáles servicios de transporte público se pueden mejorar. En este sentido, el portavoz de la asociación Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, hizo una reflexión: "Si realmente el objetivo del uso del big data es mejorar los servicios públicos estaría bien, pero también puede ser que con estos datos se justifiquen recortes o cierres de estructuras".

    Ese interés general de la investigación estaría justificado porque hoy en día la tecnología da herramientas de trabajo muy buenas y muy válidas para mejorar a calidad de vida de las personas, explica la abogada Yurena Carrillo, presidenta del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias y Directora del Departamento Jurídico de Ciberpol.

    "Transportes públicos, transportes privados, servicios de atención y núcleos de población con mayor densidad. En ese sentido creo que la justificación de Instituto [INE] es correcta sobre el interés que tiene en esa información", apunta.

    Respecto a la inquietud de Sánchez, Carrillo la comparte. "Es un enfoque muy realista. Por ejemplo, cuando tenemos datos de diagnósticos —por poner un ejemplo que se pueda equiparar para que sea comprensible para la sociedad—, cuando tenemos datos de diálisis es cierto que se utilizan para hacer un recorte en el servicio".

    "Evidentemente tiene razón. El que se obtenga un dato va a permitir tomar decisiones y lo ideal es mejorar las estructuras y los recursos. Efectivamente si el dato se va a utilizar para hacer recortes, habría que ponderar los intereses sociales y ver si realmente ese recorte es necesario", indica.

    Pero hace un matiz. "Lo que pasa es que eso no está reñido con que el dato es útil y es es un aporte positivo".

    Navidad bajo la lupa

    El instituto ya avisó sobre los días escogidos en que los ciudadanos serán monitoreados, y Papá Noel no queda afuera. Y es que se trata de cuatro días laborales en noviembre, entre el 18 y el 21; un domingo, el 24 del mismo mes; un día festivo, el 25 de diciembre; y dos días del próximo verano, el 20 de julio y 15 de agosto que también es festivo.

    La institución defiende que los ciudadanos pueden dormir tranquilos: "Los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal". Insiste en que los datos serán completamente anónimos: recibirá las posiciones agregadas de los números, pero no los titulares de las líneas.

    ¿Contradicciones?

    Las tres operadoras mayoritarias colaborarán en este estudio a cambio de medio millón de euros repartidos de la siguiente manera: 185.000 para Orange, 163.000 para Telefónica y 150.000 para Vodafone.

    Por un lado, estas telefónicas afirman que pueden vender sin problemas la información porque ha sido anonimizada: no hay forma de conocer qué clientes están detrás de las cifras, ergo no se infringe la legislación de protección de datos de ningún modo.

    En este sentido estas empresas están obligadas a mantener durante 12 meses los datos de sus comunicaciones a disposición de los cuerpos policiales con la correspondiente autorización judicial. Pasados esos doce meses, deben destruirlos o anonimizarlos. Pasados doce meses.

    Y es justo en este punto en que los ciudadanos señalan que esos datos no serán entregados pasados doce meses, sino en tiempo real, por lo cual no estarían anonimizados de acuerdo a lo que aducen las operadoras. Al respecto, una reciente investigación del New York Times, afirma que los usuarios siempre pueden ser identificados.

    Desconfianza

    Para tranquilizar a la población, en su comunicado "El INE quiere recalcar que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos".

    Pero el revuelo es tal, que ante el malestar de clientes Vodafone [que junto a Orange son las únicas dos operadoras que permiten a sus clientes decidir si quieren o no que sus datos se cedan a terceros], tuiteó el procedimiento para ser excluidos del seguimiento. Medios españoles también se han sumado a la inquietud publicando recetas de cómo evitar el rastreo.

    ​Yurena Carrillo sostiene que los datos "sí son anónimos, porque la compañía no le va a ceder al INE el nombre del usuario. No va a decir 'este punto geográfico', —pongamos un número cuantitativo— este 3500 no tiene detrás a Pepe o a Juan, tiene detrás simplemente el número. Entonces sí que son anónimos".

    Por otro lado, no es ningún secreto que —por poner un ejemplo— Google Maps hace un rastreo permanente de los movimientos de los ciudadanos con la finalidad de 'mejorar la experiencia del usuario' y poder hacer sugerencias acerca de comercios y servicios en el área que se encuentra el cliente.

    La abogada afirma entender las dos posturas, la del INE que habla sobre la importancia y utilidad de esta investigación para el público, pero también la de los clientes que no desean ser partícipes de ella. Y deja su visión:

    "Yo sinceramente no me voy a tomar la molestia de oponerme a la cesión de datos. Me parece más engorroso que participar", concluye la abogada Yurena Carrillo.

     

    Etiquetas:
    estadística, reconocimiento, datos personales, tecnología, España
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