"Estamos profundamente preocupados por la nueva ley de seguridad nacional, introducida por Pekín, que mina los derechos y libertades fundamentales del pueblo de Hong Kong", señala el comunicado.
También, los cinco países condenaron el aplazamiento de las elecciones parlamentarias en esta región autónoma, que, según ellos, socava el proceso democrático.
Washington, Londres, Canberra y Wellington instaron a las autoridades de Hong Kong a que restablecieran el acceso de los candidatos suspendidos a la votación y celebraran los comicios lo antes posible.
Los detractores de esa ley en Hong Kong y en Occidente la atribuyen al deseo de Pekín de recrudecer el control sobre la región autónoma.
Según ellos, la nueva normativa contradice la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984.
El documento, que entró en vigor al año siguiente, estableció que Hong Kong, tras volver en 1997 bajo la soberanía de Pekín, mantendría por 50 años un amplio grado de autonomía como región administrativa especial en el seno de China de conformidad con el principio "un país, dos sistemas".
China rechaza cualquier crítica contra la nueva ley de seguridad y sostiene que los temas relativos a Hong Kong son un asunto interno.