La ley contempla una serie de contramedidas frente a los actos hostiles de Washington y sus aliados.
La normativa prevé también restringir o prohibir a las empresas de los países hostiles prestar servicios a los organismos gubernamentales, municipales, las compañías públicas y otras personas jurídicos.
Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.
Ese mismo año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia.
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Las autoridades norteamericanas también impusieron restricciones a Moscú con el argumento de una supuesta intromisión en las elecciones presidenciales de 2016 en las que el magnate republicano Donald Trump derrotó a la candidata demócrata Hillary Clinton.
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En abril el Congreso estadounidense presentó un informe en el que reconoció que ninguno de sus testigos entrevistados tenía evidencias de la presunta intromisión de Rusia en el proceso electoral.
Sin embargo, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sigue insistiendo, aunque sin pruebas, que hubo interferencia en esos comicios.
