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    Presidenta de la Comisión Lava Jato: la crisis en Perú no es la culpa solo de la clase política

    © AP Photo / Rodrigo Abd
    Política
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    LIMA (Sputnik) — La responsabilidad de la crisis que atraviesa Perú en materia de corrupción no es solo de la clase política, sino también de la ciudadanía, que es la que elige a sus representantes, dijo a Sputnik la legisladora Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso.

    "Creo que hay una enorme responsabilidad ciudadana de interesarse en la política y formar parte activa de ella, de los partidos, de fortalecerse, y en ese proceso hablar de democracia y practicarla, de tener filtros adecuados que nos permitan llevar a los espacios de representación a los mejores ciudadanos y ciudadanas", afirmó la legisladora del partido opositor Fuerza Popular (FP).

    Bartra sostuvo que la única manera de que Perú se recupere de los escándalos de corrupción que involucran a varios de sus expresidentes, así como a la propia líder de FP, Keiko Fujimori, es asumiendo que no es solamente la clase política la que debe rendir cuentas.

    "Esto es responsabilidad de todos, no solamente de una clase política; esa clase política está allí porque así lo decidió el ciudadano; el parlamento es la expresión más grande de la transferencia de poder del pueblo hacia sus representantes", afirmó la congresista.

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    La presidenta de la comisión que investiga las derivaciones del escándalo de corrupción que rodea a la constructora brasileña Odebrecht añadió que también los medios de comunicación tienen su cuota de responsabilidad, porque "han estado bastante lejos de lo que significa contribuir para presentar la verdad de manera imparcial, para poder acompañar procesos de construcción de ciudadanía".

    "Si no comprendemos cada uno el rol que nos toca y solamente nos ponemos al frente a señalar, esto no va a cambiar", advirtió.

    No obstante, Bartra reconoció que el Estado peruano como tal debe realizar un "mea culpa" por no haber profundizado en las investigaciones que años después explotarían en la cara de la clase política, en especial con el caso de la constructora brasileña Odebrecht.

    Cultura del secretismo

    Bartra señaló además que, pese a obstáculos puestos por la fiscalía, la comisión que preside ha logrado avances significativos en las investigaciones.

    "Hay una cultura de secretismo de parte del Ministerio Público alrededor de este caso", afirmó.

    Para la legisladora, la fiscalía se ha mostrado particularmente preocupada por proteger los intereses de la constructora brasileña, por lo cual ha obstaculizado cualquier tipo de avance de parte de la comisión para establecer los vínculos entre Odebrecht y sus contrapartes en Perú.

    "Podemos ver que existe una protección que va más allá de lo que uno esperaría para quienes administran justicia para proteger los intereses y los activos de las empresas brasileñas, cuando en realidad deberíamos estar más preocupados por ver la reparación civil o la sanción efectiva para quienes durante muchos años han robado dinero del pueblo", expresó Bartra.

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    La congresista dijo que el Ministerio Público no ha facilitado a los legisladores los testimonios que el director de la constructora, Marcelo Odebrecht, dio a la justicia brasileña.

    No obstante, la comisión que preside ha logrado "avances importantísimos", destacó.

    La Comisión Lava Jato del Congreso peruano tiene como objetivo investigar presuntas coimas, sobornos y dádivas otorgadas por varias empresas brasileñas a funcionarios de los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y el renunciante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) para la obtención de licitaciones de obras públicas.

    Asimismo, la justicia peruana está investigando a la líder de FP, Keiko Fujimori, para determinar si recibió dinero de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.

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    La Operación Lava Jato se inició en 2014 para investigar una trama de corrupción en la empresa semiestatal brasileña Petrobras, pero desde entonces avanzó hasta el punto de denunciar a buena parte de la élite económica y política del país, incluido al expresidente Lula (2003-2011), quien cumple una condena de 12 años y un mes de prisión, y se ha extendido a otros países de América Latina.

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