"El Gobierno se enfrenta a la versión parlamentaria de una guerra de guerrillas similar a la del Tratado Maastricht", declaró Tim Farron, líder saliente del partido Liberal Demócrata.
Aun así la aprobación del Tratado Maastricht en Westminster fue una lucha continua del ala radical conservadora contra su propio Gobierno, dirigido entonces por John Mayor.
May está en una situación incluso más vulnerable para hacer frente ya sea a los que su antecesor calificó de "bastardos" euroescépticos o a los europeístas de su propio partido y de otras formaciones.
La primera ministra perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones anticipadas del 8 de junio y depende de los diez escaños unionistas norirlandeses para sacar adelante la legislación relacionada con el Brexit.
Conocido hasta ahora como la "Gran Derogación", contempla la abolición de la Ley de las Comunidades Europeas de 1972, el marco jurídico de la adhesión del país al club europeo.
Además, este colosal proyecto legislativo pretende traspasar al canon legal británico todas las leyes, normas y especificaciones procedentes de la UE, algunas con el mínimo escrutinio en Westminster.
Los principales partidos de la oposición han advertido ya que votarán en contra del macro proyecto de ley si May no atienden sus demandas.
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Los laboristas exigen protección de los derechos básicos y la reafirmación de la soberanía del legislativo sobre el Ejecutivo, entre otros requisitos, a cambio de su voto en ambas cámaras.
"El laborismo negociaría un acuerdo Brexit que anteponga el empleo, la economía y el nivel de vida; y garantizaría unilateralmente los derechos de los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido", declaró el líder Jeremy Corbyn, quien se reunió en Bruselas con Michel Barnier, el negociador de la UE.
"El proyecto de ley de la Retirada no devuelve poderes de la UE a las autonomías, como nos habían prometido… e impone nuevas restricciones en el Parlamento escocés y la Asamblea Nacional de Gales", denuncian en un comunicado conjunto Nicola Sturgeon, ministra principal del Ejecutivo nacionalista de Edimburgo y Carwyn Jones, su homólogo laborista en Cardiff.
May ha retrasado hasta el otoño la primera votación en Westminster sobre este texto legislativo que dejará un vacío legal en Reino Unido si no se aprueba antes de la salida de la UE, prevista en un principio en marzo de 2019.
