La representación legal de Homs, al que se le acusa de desobediencia y prevaricación, entregó un escrito de defensa el que argumenta que el exconsejero se limitó a "cumplir con el mandato que se le había exigido como gobernante", por lo que "no infringió la legalidad con su proceder".
Además de Homs, el expresidente del Gobierno catalán Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Ana Ortega afrontan procesos judiciales por la preparación de la citada consulta.
Sin embargo, el proceso para juzgar a Homs se produce por separado al de sus excompañeros de Gobierno dado que su actual condición de diputado le protege judicialmente y hace que sólo pueda juzgarle el Tribunal Supremo.
Además de solicitar la comparecencia de Rajoy en su juicio, Homs solicitó que se personen como testigos el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que se encontraba en el cargo cuando se celebró la consulta.
La defensa de Mas también solicitó que estas personas testificaran en su juicio por el "contenido y alcance de sus declaraciones públicas con ocasión del proceso participativo".
Sin embargo, la justicia rechazó su petición tras calificar de "impertinente" su comparecencia al entender que sus declaraciones públicas sobre la consulta eran "absolutamente ajenas al objetivo de la causa".
