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    Proceso soberanista catalán

    El Gobierno catalán seguirá adelante con la declaración de independencia

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    Política
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    Proceso soberanista catalán (459)
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    La vicepresidenta del Gobierno catalán, Neus Munté, compareció esta noche para valorar la suspensión de la declaración independentista aprobada el lunes en el Parlamento regional.

    "Estamos cumpliendo y seguiremos cumpliendo el mandato de un Parlamento soberano", insistió.

    Munté aseguró que el Gobierno autonómico, ahora en funciones, "seguirá adelante" con el contenido de la declaración a pesar de la decisión del Tribunal Constitucional.

    "El Estado utiliza la Justicia para poner una mordaza a los anhelos de libertad y de democracia de los ciudadanos", dijo Munté.

    "La democracia no está en juego en Cataluña; la democracia se está defendiendo y disfruta de muy buena salud", opinó la vicepresidenta, que recordó que la resolución vino precedida de un debate parlamentario y de una votación ganada por mayoría absoluta.

    Munté justificó su posición diciendo que todo el procedimiento hacia la aprobación de la moción rupturista fue legal y correcto después de la constitución del Parlamento.

    Munté expresó su sorpresa porque Rajoy asegurara que actúa en defensa de la democracia y los derechos de los catalanes.

    "¿De qué derechos habla? ¿Del derecho a decidir? En todo caso, la democracia no está en juego", aseguró.

    Esta misma tarde, el Pleno del Tribunal Constitucional confirmó que suspende por unanimidad la resolución secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado lunes.

    El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy, por lo que la resolución independentista queda automáticamente paralizada.

    El Constitucional tiene desde este momento hasta cinco meses para resolver el trámite.

    El recurso presentado esta mañana por la Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo, señala que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos de la Constitución Española, además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.

    El Tribunal advierte especialmente a 21 altos cargos catalanes de responsabilidades penales, ya mencionados por el Gobierno, a los que acusan de haber intervenido directamente en el proceso de desconexión de Cataluña.

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