El Constitucional tiene desde este momento hasta cinco meses para resolver el trámite.
El recurso presentado esta mañana por la Abogacía del Estado, en nombre del Ejecutivo, señala que la citada resolución "viola con total evidencia" hasta ocho artículos de la Constitución Española, además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
El Tribunal advierte especialmente a 21 altos cargos catalanes de responsabilidades penales, ya mencionados por el Gobierno, a los que acusan de haber intervenido directamente en el proceso de desconexión de Cataluña.
Entre ellos está la presidenta del Parlamento regional, Carme Forcadell, y el presidente en funciones, el nacionalista Artur Mas.
Si estos dirigentes incumplen el mandato del Tribunal Constitucional pueden cometer un delito de desobediencia y ser suspendidos de sus funciones.
Mariano Rajoy ha presidido este miércoles un Consejo de Ministros extraordinario para tratar la situación de Cataluña y acordar la presentación de este recurso ante el Tribunal por implicar "la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española".
El Gobierno "no va a permitir que se quiebre la unidad y la convivencia española", un país con "cinco siglos de historia", apuntó el jefe del Ejecutivo.
"Como presidente no voy a aceptar que se liquiden las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos" por lo que Gobierno "actuará con firmeza y proporcionalidad", pero hará "todo lo que tenga que hacer" para socavar el reto secesionista catalán.