"Insto a todos los Estados a que asuman la responsabilidad por sus nacionales y trabajen juntos para proporcionar recursos que ayuden a las autoridades y a los actores relevantes en Siria e Irak a abordar las necesidades humanitarias urgentes", dijo Bachelet durante el discurso inaugural del 41 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
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Bachelet insistió en la repatriación de los familiares extranjeros de excombatientes, a menos que deban ser procesados por delitos, acorde a las normas internacionales.
"Los niños, en particular, han sufrido graves violaciones de sus derechos, incluidos aquellos que puedan haber sido adoctrinados o reclutados por el ISIS para perpetrar actos violentos. La consideración principal debe ser su rehabilitación, protección y mejor interés", subrayó.
Según la titular de Acnudh, más de 55.000 supuestos combatientes de ISIS y sus familiares han sido detenidos en Siria e Irak.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que hay 29.000 hijos de combatientes extranjeros en Siria, entre ellos 20.000 provenientes de Irak, la mayoría de ellos menores de 12 años.
Para Bachelet, "la detención continuada de personas no sospechosas de delitos, en ausencia de una base legal y una revisión judicial independiente regular, no es aceptable".
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Situación en Sudán
Además, Michelle Bachelet pidió a las autoridades de Sudán que otorguen acceso al país a los expertos en derechos humanos.
Enfatizó que "el pueblo sudanés tiene derecho a expresar su opinión y, al igual que todo el mundo, tiene derecho a vivir en libertad y en paz, gozando del Estado de derecho y de las condiciones necesarias para la dignidad".
En lo referente al violento desalojo de la acampada de la oposición en el centro de Jartum que se produjo el pasado 3 de junio, Bachelet lamentó que el Gobierno sudanés "no respondiera a nuestra solicitud de acceso para investigar las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad conjuntas durante la represión".
Según la alta comisionada, su oficina recibió informes sobre ataques contra hospitales y clínicas, denuncias de "violación y abuso sexual tanto de mujeres como de hombres durante la represión".
Además, se tuvo constancia de más de 100 manifestantes muertos y "cientos que estarían desaparecidos".
En la mañana del 3 de junio, las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales en Sudán procedieron a un violento desalojo de la acampada que la oposición mantenía frente al Comando General de las Fuerzas Armadas y que las autoridades militares calificaron de amenaza a la seguridad nacional.
La oposición, por su parte, instó a los sudaneses a comenzar una campaña nacional de desobediencia cívica exigiendo que el Consejo Militar de Transición (CMT), formado tras el derrocamiento del presidente Omar Bashir, a mediados de abril pasado, ceda inmediatamente el poder a un gobierno civil.
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