"La anexión israelí del territorio palestino, ya sea de tierras públicas o privadas, y su empresa de asentamientos ilegales, son una flagrante violación de las leyes y convenciones internacionales, incluida la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU", señaló la miembro del Comité Ejecutivo de la OLP Hanan Ashrawi en un comunicado.
"También constituye un crimen de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Cuarta Convención de Ginebra", subrayó la política palestina en su nota.
"También proporciona a los colonos una mayor motivación para robar la propiedad privada de los terratenientes palestinos en toda la Palestina ocupada, sin ningún freno ni responsabilidad", alertó.
Ashrawi también condenó "los planes declarados por el ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, de flexibilizar las restricciones para que los israelíes obtengan licencias de armas".
"Si se promulga, esto animaría aún más a los colonos israelíes a proseguir su reino criminal de terror en la Cisjordania ocupada [incluida Jerusalén Oriental]", añadió en el comunicado.
La Corte dictaminó que el asentamiento de Mitzpeh Kramim puede ser legalizado, a pesar de que parte de la tierra en la que se levantó no es propiedad del Estado israelí y varios palestinos han alegado ser sus dueños.
El veredicto establece que los residentes de Mitzpeh Kramim son los propietarios legales de la tierra y que la Administración Civil militar de Israel en Cisjordania —territorio palestino ocupado por los israelíes, según el derecho internacional— no puede revocar el acuerdo que otorga a estos residentes los derechos sobre esos terrenos. La sentencia señala, además, que los palestinos que dicen ser propietarios de las parcelas no tienen derecho a echarlos.
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Según la sentencia, el asentamiento de Mitze Kramin podrá permanecer en pie, pese a haberse construido en Cisjordania sin permiso del Gobierno israelí, por lo que era considerado ilegal por la legislación del país. A ojos de la ley internacional, todos los asentamientos son ilegales.
La decisión abre la puerta a la legalización de cientos de viviendas que se edificaron sin permiso pero supuestamente sin conocimiento por parte de sus propietarios de que la tierra pertenecía a particulares palestinos.
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